PSOE y PP quisieron demostrar en la legislatura pasada que apostaban tanto por la educación, que aprobaron por ley que esa política se llevara todos los años el equivalente al seis por ciento del producto interior bruto, el equivalente a 1.092 millones de euros cuando en el presupuesto autonómico de este año esa consejería se ha conformado con 859.
Apuesta muy audaz, que nunca debió figurar en la Ley Extremeña de la Educación según confiesan ahora algunos diputados regionales, y que le va a tocar afrontarla al PP. La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, dijo ayer tras la reunión de la comisión parlamentaria que lo va a intentar.
Las dos grandes novedades educativas de su departamento son los exámenes de recuperación en septiembre, que «reducirán el número de repetidores», y someterse a la evaluación externa del informe Pisa. Por lo demás seguirá la lucha contra el fracaso escolar (24 por ciento de chicos de 16 años todavía no tiene la ESO) o el abandono (31 por ciento de jóvenes entre 18 y 24 años está fuera del sistema educativo).
También la política de idiomas, y la formación profesional en la que este curso hay siete ciclos nuevos y cuatro han debido de duplicar grupos debido a la demanda (estética, mecánica de automóvil, educación infantil y servicios socioculturales a la comunidad).
La consejera anunció también un plan regional de infraestructuras educativas, una ley de financiación estable de la Universidad, y máster universitarios de calidad internacional acordes con las necesidades de las empresas.
Luciano Fernández (PSOE) replicó asegurando que habrá recortes en la educación, negados por Juan Antonio Barrios, portavoz del grupo popular.
