Lo que cuesta la austeridad

La palabra recorte en el ideario político parece asumida por la ciudadanía desde la campaña electoral. De hecho, el nuevo gobierno extremeño llegó al poder el pasado verano con este discurso en el que, entre otras promesas, figuraba sufrir. Incluso durante las primeras tomas de decisiones, la frase acuñada por el presidente Monago de «se acabó la fiesta» ha provocado un asentimiento de cabezas mayoritario.

Sin embargo, titulares así todavía no han llegado a concretarse en cifras. Para empezar a movernos con un motor diésel, para sustituir la bombilla por otra de bajo consumo habrá que esperar al 14 de octubre. Esta es la fecha en la que se desvelará el presupuesto extremeño y de dónde se van rebajar entre 500 y 1.000 millones (tomando como referencia el presupuesto en vigor, de 5.190 millones de euros), tal y como adelantó la Junta de Extremadura a principios de septiembre para avisar de que las primeras cuentas que presente el ejecutivo popular van a doler: no hay más remedio para salir airosos de la crisis.

Lo que se desconoce es el efecto secundario de este documento económico que guiará a la sociedad extremeña en los próximos meses. Entonces podría pasar que con la ejecución de los recortes ese principio de sensatez y austeridad tan aceptado pueda tornarse -advierten los sindicatos- en una espiral de protestas cuando a cada uno le poden su parcela.

Es lo que se desprende de la mayoría de actores sociales cuando se les consulta de dónde recortarían ellos. Como es previsible, los sindicatos son los más sensibles a estas medidas de ajuste económico y ya adelantan que si tantas rebajas en el presupuesto autonómico se traducen en una repentina bajada del desempleo, podría haber en Extremadura una primavera caliente. En cuanto a la patronal, su receta para conseguir ahorro y reactivación económica pasa por las privatizaciones.

Miguel Coque, secretario de Formación y empleo de CC OO, es tajante: «Lo del recorte es un planteamiento falso que se hacen los políticos y los medios de comunicación. Se puede hacer más con lo mismo optimizando y racionalizando. El discurso de 'se acabó la fiesta' cala ahora, pero no cuando te toque. Además, por ese camino subirá el paro», vaticina.

A la espera de que se concreten las cuentas, lo que sí se han marcado han sido tres líneas rojas: educación, sanidad y dependencia. Solo estas tres áreas, más las ayudas de la PAC, suponen el 80% del presupuesto. De modo que si solo se aplica la tijera en el 20% restante habrá actividades muy afectadas.

Representantes sociales y expertos opinan sobre dónde se podría recortar y dónde no, incluso en Educación, como indica el presidente del sindicato PIDE, José Manuel Chapado, que ya entregó al anterior ejecutivo regional un documento explicativo lleno de números sobre cómo ahorrar 20 millones de euros sin tocar un céntimo el sueldo de los docentes.

PIDE se refiere por ejemplo a eliminar ordenadores portátiles pertenecientes a lo que ellos consideran un programa fallido, el de Escuela 2.0, con lo que la Junta ahorraría 1,9 millones. Pero el gasto suprimible más gordo para PIDE serían los 14 millones de euros de ayudas a la educación concertada, con lo que además Izquierda Unida estaría encantada puesto que incluyó esta exigencia en sus 'doce mandamientos' previos a permitir la investidura de José Antonio Monago.

Eliminando además las subvenciones a los cinco sindicatos, entre ellos el suyo, Chapado calcula 45.000 euros menos de gasto; y 19.000 más retirando las subvenciones a las dos asociaciones de padres y madres, Freapa y Concapa. La revista educativa de la Junta cuesta 313.000 y es prescindible y en envío postal Educación gasta 90.000 euros que pueden ser ahorrados gracias a Internet, entre otras cuestiones que recoge el amplio documento de PIDE.

El otro sindicato mayoritario en el ámbito de la Educación es CSIF. Su responsable en esta área, Adrián Vivas, tiene una idea distinta y parte de la base de que no habrá recortes en Educación, tal y como se ha prometido en la Asamblea de Extremadura. Para él «no sobra nada» y mejor que recortar «sería racionalizar haciendo un nuevo modelo de plantilla para que los centros educativos con las mismas líneas tengan el mismo personal. Hay que equilibrar. No puede haber centros infradotados y sobredotados en profesorado».

Agricultura y Sanidad

La agricultura es un caso especial, ya que el 80% de su presupuesto son ayudas europeas de la PAC, en torno a 500 millones, señala Ignacio Huertas, de la organización UPA-UCE. Además -recuerda- mucho dinero del otro 20% es cofinanciado para medidas de desarrollo rural por el gobierno central y la Unión Europea, por lo que no espera recortes del equipo de Monago debido a que la Junta debe poner dinero para atraer estas partidas que Huertas considera que ayudan a fortalecer un sector estratégico en la región. Lo que habría que recortar, puntualiza este representante agrario, es el dinero gastado en controles burocráticos que agobian a ganaderos y agricultores, «siempre manteniendo un principio de precaución», asunto del que ya han hablado con el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri.

En cuanto a Sanidad, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, recuerda que aquí trabajan los profesionales mejor valorados por los ciudadanos y recortes en este ámbito irían contra la Constitución. «El gasto sanitario es una inversión en vida y salud» y si bien no le preocupa que se paralice el gasto «en ladrillo», como pudiera ocurrir con reformas en centros de Cáceres y Don Benito-Villanueva, sí ve intocable el capital humano. Los médicos se dedican a la atención, a la docencia y a la investigación, «son necesarios y hay que cuidarlos porque no crecen como los espárragos», advierte.

Hincar el diente a las obras

Sin embargo, no es la educación ni la agricultura ni la sanidad lo que está en el punto de mira de Monago y su equipo para reducir gasto. Por las últimas declaraciones del gobierno extremeño, las infraestructuras serán las más afectadas. Supusieron el 18,5% del presupuesto en vigor y, con carácter transversal, suman inversiones por valor de 950 millones. Debido a las exageradas cantidades de dinero que mueven, el economista pacense Antonio García Salas entiende que «las obras es donde más cunde meter la tijera».

En su opinión, asumiendo la situación actual y puestos a recortar de manera inevitable, García Salas apunta a aquellas obras prometidas que llevan retraso de varios años, como la autovía Badajoz-Cáceres. Incluso la alta velocidad ferroviaria cree que puede concebirse de otro modo en la región aceptando un tren de menos prestaciones -lo que los portugueses llaman de velocidad alta- que entre en funcionamiento más tarde, pero siempre que esta concesión sea compensada por el gobierno central financiando otras obras que repercutan en sectores como el turismo, el agroalimentario, el conocimiento o el logístico. Y ahí García Salas razona que «al seleccionar inversiones estas deben tener una rentabilidad lo más rápida posible». Se refiere a la plataforma logística de suroeste español en Badajoz, la cual considera irrenunciable porque con el ensanchamiento del Canal de Panamá esta instalación en Extremadura sería clave y estratégica, «por lo que no podemos descolgarnos ahora por culpa de los recortes».

Parece obvio que recortar y además complacer a la ciudadanía es complicado. Y este es el reto que tiene ahora mismo por delante la Consejería de Economía y Hacienda que elabora los presupuestos. En este campo, como profesor del departamento de Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, Víctor Piriz tiene una receta. «Se denomina presupuesto de base cero, lo que conceptualmente supone que no se usan referencias anteriores, se borra el histórico y nos preguntamos qué gastamos según las necesidades», explica Píriz, quien afirma que cuando ha aplicado esta fórmula en empresas que necesitaban adelgazar los propios responsables de área le han reconocido que hay mucho gasto supérfluo. Estos existen incluso en la sanidad y la educación, «donde sin tener que tocar los servicios básicos se puede ahorrar, porque ¿quién asegura que en ningún centro de salud no sobran una o dos personas?»

En Política Social el responsable de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), Jesús Gumiel, asegura que no sobra nada. «Llegamos a más de 50.000 personas en Extremadura con discapacidad y estamos convencidos de que el gobierno extremeño no va a recortar en los servicios que les prestamos. Además, nosotros no estamos sobredimensionados. Jamás hemos tenido déficit porque en las tres entidades que agrupa Cocemfe siempre hemos gastado lo que hemos tenido», afirma Gumiel.

Para él, hay otras parcelas como publicidad, sueldos o número de asesores que sí deberían ser víctimas de la situación de reajuste que se avecina. Lo que sí teme, añade, es que tanto empresas como ayuntamientos dejen ahora de invertir en contrataciones o en obras que se estaban llevando a cabo para eliminar barreras arquitectónicas.

Por una cultura rentable

Otro ámbito en el que ya tiene puesto el ojo el Gobierno autonómico es la cultura. Se intuye por las declaraciones sobre la Orquesta de Extremadura (OEx) de Monago, corroboradas después por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, que ve sus conciertos como un artículo de lujo. Después la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, matizó que lo que en realidad es insostenible para las arcas públicas es el actual modelo de la OEx.

Para Eugenio Amaya, vinculado al mundo del teatro y responsable de Arán Dramática, compañía asentada en Extremadura desde 1990, «hay que analizar ahora los programas que funcionan, los que se pueden mejorar y los que hay que descartar». En su opinión, la cultura cumple una función educativa, social y turística «para evitar sociedades idiotizadas», pero además Amaya está convencido de que puede ser rentable. «Lo que hay que hacer es analizar cómo se ha gastado el dinero hasta ahora. Por ejemplo, el Festival Play en Cáceres costó un millón de euros y se organizó con el pretexto de la candidatura de Cáceres 2016, cuando se sabía que cosas así no ayudaban a elevar la puntuación. Estos desmanes deberían auditarse, hacerse públicos y que se exijan responsabilidades».

Eugenio Amaya ve la cultura como «un bien estratégico que debe desarrollarse con criterios profesionales» y, bajo este punto de vista, detecta programas rutinarios como el de escenarios teatrales itinerantes de la Junta para llegar a los pueblos que él ve deteriorado y sin seguidores. «Las ayudas a las artes escénicas están desfasadas y no permiten innovar. Deberíamos fijarnos en programas europeos para buscar la excelencia y ser competitivos», dice.

Un gran peso en el gasto corriente de Extremadura lo soporta la administración autonómica. Por eso la Consejería de Administración Pública ya ha anunciado que su estructura se va a ver minimizada, empezando por la plantilla de catorce empresas públicas (ahora fundidas en GPEX) que prestan servicio a la Junta. El sindicato con mayor representación entre el funcionariado, CSIF, no lo ve claro. Según su presidente, José Fernández Vidal, «ya ha habido recortes anteriores porque no se han cubierto bajas por jubilación, de modo que personal no sobra. Si acaso sí sobran asesores o cargos de confianza». Fernández Vidal no está de acuerdo en que el funcionariado sea excesivo en la región, ya que hay que tener en cuenta la extensión de Extremadura y no comparar los ratios con Madrid o Barcelona, donde además hay un tejido industrial que aquí no existe.

Para el presidente de CSIF, la reestructuración de los empleados públicos no debería acometerse sin más sino que sería necesaria una negociación. «Le hemos pedido al consejero (Pedro Nevado-Batalla) una reunión hace ya dos meses, pero aún no nos ha convocado para nada», lamenta.

Quitarle agua a un enfermo

En materia de empleo, un área ligada a una Consejería que agrupa a empresa e innovación, hay mucha tela que cortar debido a la actual tasa de paro. Si en innovación varios expertos se huelen que habrá recortes en los denominados clusters (agrupaciones sectoriales empresariales), en empleo el secretario de Formación de CC OO, Miguel Coque, se niega a aceptar el recorte como salida. «Es como si al que se muere de inanición le quitas agua y azúcar de su dieta», expresa gráficamente. Para él, la salida a la crisis es poner a la gente a trabajar con inversión pública «porque el modelo liberal ya se ha comprobado que falla».

Las cifras de 125.000 parados en Extremadura son alarmantes para Coque, pero peor resulta saber que de ellos 44.000 lo son de larga duración, un 25% más que hace un año. «Lo que hay que hacer -plantea- es combatir el fraude fiscal de las grandes fortunas o recortar las ayudas a la Seguridad Social a través de subvenciones a esas grandes empresas a las que tanto se les bonifica la contratación, pero nunca reducir el dinero dedicado a las políticas activas de empleo», declara.

En contraposición a la receta de engordar lo público está la de la patronal, que consiste en desviar la actividad y los recursos hacia lo privado para ejecutar los recortes necesarios en esta crisis económica.

Dice Juan Manuel Arribas, presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), que puestos a recortar él sacaría las tijeras «en cualquier sitio donde preste un servicio la administración pública que pueda hacerlo la empresa privada, pues siempre saldrá más barato y la gestión será más eficiente, ya que la administración implica unas cargas burocráticas impresionantes».

Arribas también pide suprimir actividades públicas que entran en competencia directa con el sector privado, desde la promoción de viviendas a la construcción de hospederías turísticas, que son una carga enorme para la administración pública, o la televisión regional. E incluso va más allá sugiriendo que la educación pase a ser un servicio público, pero con gestión privada, «lo que pasa es que por planteamientos ideológicos y partidistas no parece que se pueda ganar dinero con esto o con la sanidad, pero se sabe que se ahorraría mucho dinero». Por eso Arribas cree en el complicado escenario actual el gobierno extremeño actual sí podrá hacerlo.