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¿Quién fiscaliza a las comunidades?

ECONOMÍA

¿Quién fiscaliza a las comunidades?

El Estado tiene un margen de maniobra muy estrecho para influir en las cuentas de los entes territoriales

12.06.11 - 00:20 -
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La autonomía financiera y presupuestaria que la Constitución reconoce a las comunidades deja al Estado un margen limitado para controlar las finanzas autonómicas. No obstante, el Gobierno central conserva la potestad de examinar a posteriori sus cuentas y de sancionar a aquellas que vulneren los objetivos de déficit.
¿Quién fija los límites de gasto y déficit de las comunidades?
El límite de gasto de los presupuestos autonómicos lo fija cada parlamento regional, en cumplimiento del principio de autonomía financiera. La legislación en materia de estabilidad presupuestaria no les impone un límite de gasto, pero sí de déficit, que se fija así: el Gobierno propone un objetivo conjunto de déficit de las comunidades al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en función de la situación económica. Ese objetivo es informado por el CPFF, aprobado por el Gobierno y por el Congreso y el Senado. Después, previo informe del CPFF, el Gobierno aprueba un objetivo individual para todas y cada una de las comunidades.
¿Puede el Estado imponer un techo de gasto a las autonomías?
La Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001 reguló que una vez establecido el objetivo de déficit por el Estado son las comunidades, en ejercicio de su autonomía financiera, las que deciden si alcanzan dicho objetivo con más ingresos o menos gastos. Por tanto, el Estado no puede imponer techos de gasto, sólo definir su objetivo de déficit.
¿Quién fiscaliza la ejecución presupuestaria de las comunidades?
El Gobierno central no revisa ni fiscaliza las cuentas de las administraciones territoriales, pues eso compete a sus órganos de control interno y externo. La Intervención General de cada comunidad es responsable del control interno, mientras que los tribunales de cuentas autonómicos, por delegación del Tribunal de Cuentas del Estado -el supremo órgano fiscalizador- ejercen el control externo. La fiscalización de las cuentas autonómicas por organismos de la administración central es incompatible con la autonomía política y financiera.
¿Cómo informan las autonomías de sus cuentas?
Cada año los parlamentos autonómicos aprueban sus presupuestos y luego los Gobiernos deben dar cuenta de su ejecución a través de la Cuenta General de la comunidad a los órganos de control externo, que a su vez emiten un informe para su publicación. Por otra parte, muchas autonomías hacen públicos datos de ejecución presupuestaria con periodicidad mensual o trimestral en sus páginas web. A través del CPFF -que actúa de órgano de coordinación financiera entre la administración central y la regional- el Estado recibe cada trimestre la información remitida por las comunidades. Sobre esa base, para incrementar la transparencia, desde noviembre pasado el Ministerio de Economía elabora un informe de ejecución trimestral de los distintos territorios. Por otra parte, las autonomías deben remitir cada año antes del 30 de enero un avance de la ejecución de sus cuentas en el ejercicio anterior; antes del 30 de abril, una información provisional sobre el cierre del ejercicio presupuestario; y entre octubre y noviembre, los datos definitivos de liquidación del último año.
¿Qué organismos estatales son competentes para conocer las cuentas autonómicas?
La Intervención General del Estado, el INE y el Banco de España son responsables de la formulación y remisión de las cuentas del conjunto de administraciones a la UE. Para ello solicitan periódicamente a las comunidades la información necesaria. Sobre los datos recibidos, la Intervención del Estado hace los ajustes que permiten pasar del déficit presupuestario al déficit en contabilidad nacional, que es la metodología común para toda la UE.
¿Qué 'castigos' puede imponer el Estado si una comunidad vulnera los límites?
El Gobierno central debe verificar el cumplimiento de los objetivos de déficit antes de permitir operaciones de endeudamiento, que están sujetas a autorización del Estado. Si una comunidad incumple el objetivo de estabilidad, debe aprobar y presentar al CPFF un plan de reequilibrio. Si no lo hace, todas sus operaciones de endeudamiento quedan sujetas a autorización del Gobierno. Si lo presenta y se aprueba, solo quedan sujetas a autorización las operaciones de largo plazo. Igualmente, desde 2011 se restringen los convenios de colaboración entre el Estado y esa comunidad, para evitar que esa colaboración ocasione déficit. Por último, la Ley de Economía Sostenible prevé que si una comunidad incumple su objetivo y con ello provoca el incumplimiento de las obligaciones de España respecto de la UE, dando lugar a una sanción, la comunidad deberá hacerse cargo de ella en la parte que le sea imputable.
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