«Es lícito pensar que este Ayuntamiento no sólo se está 'mofando' de los hermanos Salas Tomé, sino también de este Tribunal». Así de tajante es el escrito que la abogada Isabel González (que representa a los hermanos Salas), ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el que pide que de una vez por todas se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo por el que la Corporación Municipal tiene que entregar a los cinco hermanos 223.096 euros con 18 céntimos.
Pocas personas hay en España a las que el Tribunal Supremo les hubiera dado la razón no una vez, sino dos veces. En Cáceres el alto tribunal ha dado la razón dos veces a los cinco hermanos Salas, que el 18 de abril de 2006 fueron echados por la policía de su casa para tirarla y ensanchar la zona de Miralrío.
El Ayuntamiento les dio 84.000 euros por la casa. Ellos dijeron que esa cantidad era injusta y el Supremo, en el año 2008, condenó al Ayuntamiento a pagarles 307.339 euros. Esa fue la primera sentencia a su favor de ese tribunal. La segunda se ha conocido hace sólo unos días cuando se declaró ilegal la ampliación de Miralrío y, por lo tanto, el que hubieran tirado la casa de los Salas.
Esta segunda sentencia ha llegado cuando la abogada Isabel González y sus representados están indignados con la actitud de la Corporación Municipal, que aún no ha pagado los 223.096 euros que debe a los cinco hermanos, según la primera sentencia, de hace ya dos años y medio.
La letrada ha pedido que se ejecute la sentencia, y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura ya ha requerido dos veces al Ayuntamiento que pague su deuda.
El pasado 21 de febrero el Ayuntamiento ha enviado una contestación al TSJ que ha indignado a la abogada Isabel González. El escrito dice textualmente: «La Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta, de conformidad con el parecer de la Junta de Gobierno Local, resuelve que a partir del momento en que este Ayuntamiento cobre el canon del agua de la Empresa concesionaria del Servicio, se procederá a iniciar el abono de dicha cantidad que fraccionará en cinco pagos».
Ante este contestación Isabel González comenta que ya que el Ayuntamiento se niega a pagar un dinero que debía haber entregado en el 2008, el TSJ tendrá que embargarle. A un ayuntamiento no se le puede embargar bienes patrimoniales, pero sí no patrimoniales como inmuebles o fincas.
La abogada señala que desde noviembre del 2008, fecha de la primera sentencia del Supremo, los responsables del Ayuntamiento han tenido tiempo para haber presupuestado la deuda, para haber realizado pagos a cuenta, para haber negociado con los hermanos Salas otras opciones, «sin embargo - afirma -, su comportamiento para con estos ciudadanos ha sido deplorable, de desprecio absoluto hacia sus problemas y necesidades».
Iluminada Salas, la única mujer de los cinco hermanos afectados, se queja de la manera en la que el Ayuntamiento les ha tratado. «Nosotros vivíamos en una casa que compraron nuestros padres, en 1941, en una casa de 230 metros cuadrados con su patio. Nos echaron con la policía, que parecíamos delincuentes, y ahora estamos viviendo en un piso alquilado de 57 metros cuadrados, que pagamos nosotros, que es un tercer piso sin ascensor». Los cinco hermanos tienen más de 65 años, el mayor ha cumplido 80 años.
La segunda sentencia del Supremo declara ilegal la ampliación de Miralrío, porque no se hizo un estudio de impacto ambiental y no se escuchó a los afectados. La sentencia comenta que se expropiaron las casas de la acera de los números pares (la de los Salas era el número 4), cuando el estrechamiento de la calle se producía por un saliente de las edificaciones en la acera de los números impares. «Cualquier ciego ve que tenían que expropiar las casas de enfrente y no la nuestra», afirma Iluminada Salas, que recalca que el Ayuntamiento tiene que volver a construirles la casa que les tiraron ilegalmente, «queremos que nos den nuestra casa, la casa de la que nos echaron como si fuéramos delincuentes».
