«A través de la receta electrónica, el Servicio Extremeño de Salud está cohibiendo la libre prescripción de los facultativos». Así de rotundo se muestra José Polo, presidente en Extremadura de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).
«Están retirando de forma selectiva nombres comerciales que tienen el mismo precio que otros que mantienen, así que no podemos hablar de que haya una intención de ahorro. En mi opinión el único objetivo no es otro que inducir la prescripción», opina Polo.
Ceciliano Franco, gerente del Servicio Extremeño de Salud, considera que esta postura es «falsa y demagógica». Explica que lo único que se ha hecho es aplicar el uso racional del medicamento que recomienda la Organización Mundial de la Salud y advierte que hay algunos fármacos cuyo impacto en la factura mensual supone un millón de euros más al mes. «Nuestra obligación es potenciar el ahorro sin menoscabar la salud del ciudadano», sentencia.
Desde la subdirección de Farmacia del SES, José Luis Sánchez Chorro asegura que todos los principios activos que hay en el mercado se pueden prescribir con la receta electrónica. «Dejar fuera una u otra marca es una cuestión de gestión y de ahorro para la optimización y eficiencia de la prescripción. Si dos fármacos son bioequivalentes y, por tanto, tienen el mismo efecto, no entendemos qué interés puede haber en querer prescribir uno u otro. En nuestro caso la elección se hace en función del de menor precio», señala.
Desde el Colegio de Médicos de Cáceres, su presidente Carlos Arjona anuncia que este es un tema que están analizando todos los médicos de la región. «Estamos valorando la situación y viendo lo que podemos hacer. Desde los dos Colegios de Extremadura entendemos que todo lo que esté aprobado por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno como producto farmacéutico debería aparecer en Jara (el sistema informático que utiliza el SES para expedir recetas). Hay algunos productos en los que no existe posibilidad de cambio porque no hay otros. Así que vamos a realizar las consultas necesarias para aclarar la situación. Nuestra postura es que la libre prescripción hay que mantenerla», argumenta Arjona.
En lo que se refiere al ahorro al que aluden desde el SES, Carlos Arjona se muestra tajante: «Cuando empezó la receta electrónica se nos acusó a los médicos de haber contribuído a incrementar el gasto y ahora que está disminuyendo, resulta que es gracias al SES. Consideramos que nuestra colaboración está siendo absoluta y nadie lo ha valorado», reflexiona.
Fernando Pérez Escanilla, presidente de la Sociedad Extremeña de Médicos Generales y de Familia, lanza también la reflexión de que en el caso de que un principio activo esté producido por varias marcas comerciales, deberían ser ellos quienes decidan cuál de ellos es el más adecuado «y no un tercero, como puede ser el farmacéutico, que es lo que sucede ahora».
Pérez Escanilla no tiene problemas en reconocer que hay ciertos intereses económicos de por medio. «Nosotros no tenemos ningún rubor ni ningún pudor al decir que las sociedades científicas obtienen su financiación mayoritariamente a través de la industria farmacéutica. Dentro siempre de la ética y de la deontología y de una buena práxis. Si al SES no le gusta, que nos de una alternativa de financiación de la formación», propone.
