Portugal tiene que pensarse cómo hace su AVE a Madrid. No porque el Gobierno quiera, sino porque no le queda otra. Era la condición que debía cumplir si quería que el Parlamento le aprobara sus presupuestos nacionales para el año que viene.
El viernes 26 de noviembre tenía lugar la votación de las cuentas públicas, posiblemente las más austeras que se recuerden al otro lado de la Raya. Salieron adelante gracias a la abstención del PSD, de centroderecha, el principal partido de la oposición.
El tijeretazo es todavía más grande que el que se ha dado en España, debido a que allí el reto es mayor. Tienen que reducir el déficit fiscal a la mitad; es decir bajar del 9,3% al 4,6% a finales del año que viene.
Para lograrlo, las previsiones apuntan a que recortarán de todos los capítulos de gasto, incluidas las inversiones en infraestructuras.
El origen de la situación es de sobra conocido. El abultado déficit y el poco crédito en los mercados está abocando al país a una grave crisis financiera. Tanto que muchos analistas dan por seguro que acabará pidiendo ayuda a la Unión Europea para que ésta actúe con un rescate. Se llegue a este punto o no, el adelgazamiento de las cuentas públicas es innegociable.
Como no tiene mayoría suficiente, el primer ministro José Sócrates ha tenido que negociar con la oposición las cuentas.
Recortan los salarios y las pensiones de los funcionarios, suben impuestos como el del IVA y congelan las obras con financiación pública-privada. A cambio de su abstención en el Parlamento, se ha comprometido a sentarse con el PSD para analizar una por una todas las obras públicas que tienen en cartera.
Aunque queda dentro del pacto, la verdad es que el Gobierno de Sócrates actúa como si la línea a Madrid no lo estuviera. El primer día de debate parlamentario, José Sócrates ratificó su carácter prioritario. En la misma línea, el ministro de Obras Públicas, Antonio Mendonça, aseguró que revaluar los proyectos no significa detenerlos.
La impresión que tienen los analistas políticos es que el Ejecutivo de Sócrates intenta salvar a toda costa este proyecto, por los beneficios futuros que le puede aportar y por la 'deshonra' que supondría incumplir un acuerdo internacional de tanto calado.
Hasta tal punto se sospecha que puede ser la presión, que la prensa ha publicado que propusieron a la Comisión desviar a esta línea los 240 millones de euros que había concedido al eje Lisboa-Vigo por Oporto.
La respuesta fue negativa, aunque el ministro español José Blanco desmintió que la petición se hubiera realizado. En todo caso, lo cierto es que ya es oficial que este último tramo se retrasa dos años más, y ya va por 2017.
Sea como fuere; los augurios para el tramo que pasará por Extremadura tampoco son demasiado prometedores por el momento. Estaba previsto que el segmento más avanzado, el que unirá la frontera de Caya con la localidad de Poçeirao (167 kilómetros de longitud), debería estar en marcha en el primer trimestre del año que viene, más de un año después de que el contrato fuera adjudicado. Las expropiaciones deberían haber comenzado el pasado mes de octubre.
Sin embargo, las últimas informaciones aseguran que la empresa adjudicataria, el consorcio internacional ELOS, aún no ha cerrado la fase de financiación. En Portugal el grifo del crédito se encuentra aún más cerrado que en España.
Peor van las cosas en el otro tramo, el que comunicará Poçeirao y Lisboa. Es notablemente más corto, 41 kilómetros, pero tiene la dificultad técnica del puente sobre el estuario del Tajo. Aún no se ha hecho y ya es tan popular que al otro lado de la frontera lo llaman el TTT, iniciales de Terceira Travessia do Tejo.
El pasado mayo, el Ejecutivo de Sócrates anunció que retrasaba la construcción de este puente, pero que la obra no iba a sufrir retrasos porque estudiarían alternativas. De forma inmediata se filtró cuál era la favorita: que el tren entrara en Lisboa por la actual vía del piso inferior del puente 25 de Abril.
Pero aún hubo una vuelta de tuerca más. El pasado 10 de septiembre, los ministerios de Obras Públicas y Finanzas comunicaron a los tres consorcios que presentaron propuestas que se suspendía el concurso debido al «progresivo deterioro de la coyuntura económica y financiera» del país.
Aunque el Gobierno asegura que en seis meses volverá a convocar la licitación, la verdad es que cada vez parece más lejano el plazo de 2013 que Sócrates mantenía contra viento y marea. Incluso para un porcentaje de la población la fecha es lo de menos, puesto que lo que está en juego es que se haga, no cuándo.
