Un buen acuerdo para el final de la legislatura. El presidente de la Junta y el líder de la oposición sintonizaron del todo en asuntos pendientes como el Estatuto de Autonomía o la Ley de Educación, y coincidieron en tirar de las orejas a las entidades financieras además de plantear un cambio en las bonificaciones a la contratación de parados.
Como era esperado, y sobre todo deseado, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago han cerrado un texto de futura Ley de Educación (LEEx) con la que puedan gobernar en el futuro uno u otro; tan flexible que la recuperación extraordinaria de ESO seguirá siendo en junio si gobierna el PSOE, o pasará a septiembre si lo hace el PP.
Desde las siete y media de la tarde a diez menos cuarto de la noche, apoyados por una docena de colaboradores en espera de ser consultados, salvaron todas las diferencias; la educación de cero a tres años se integra en la Consejería de Educación, todos los profesores (no sólo los directores) tendrán consideración de autoridad y presunción de veracidad, y los padres podrán elegir centro para sus hijos, público o concertado, «en la medida de lo posible y de acuerdo a la economía y eficiencia en el uso del dinero público». Aunque los profesores seguirán sin cobrar lo mismo.
Sube el presupuesto anual educativo, del 5,8 por ciento al seis sobre el PIB regional (el siete pedía el PP), lo que añade 57 millones de euros más en recursos, al margen de los 1.563 que de forma extraordinaria exigirá la ley a lo largo de ocho años.
Intentarán además (si legalmente es posible) que para cambiar la LEEx sea necesaria una mayoría de dos tercios en la Asamblea de Extremadura.
Estatuto de Autonomía
No queda otra que aceptar la última oferta que han hecho el Gobierno central y su Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes; la inversión extraordinaria anual que la reforma del Estatuto exige para la Comunidad será, sí, el uno por ciento del PIB extremeño (180 millones de euros en este momento), pero durará siete años y no hasta que la economía regional se iguale a la media española.
A cambio Vara y Monago reclaman el compromiso de que pasado ese septenio se reúna la comisión mixta de ambas partes para analizar resultados y la convergencia alcanzada con la media, a fin de aprobar otros mecanismos de financiación posteriores. Ojalá en siete años «lleguemos a la convergencia».
En cuestión de cajas de ahorro los dos líderes políticos pactaron la promulgación de una ley autonómica, en aplicación obligada de la legislación básica estatal, según la cual el mandato de los presidente de las entidades durará hasta ocho años; por otro lado, aún más importante, la Junta tendrá la facultad de autorizar o no, no sólo las fusiones sino la figura nueva de las integraciones (los sistemas integrados de protección, SIP, que antes no existían) y la conversión en fundaciones.
El nuevo cinco por ciento de representación que se incluye en la asamblea general y consejo de administración será la Asamblea de Extremadura la que decida cómo se designa.
Fernández Vara y José Antonio Monago, que parecían ampliamente satisfechos con los acuerdos, hablaron también de la transparencia necesaria en las cuentas de las empresas públicas, el nuevo Avante, y que la oposición tenga todos los datos. Las circunstancias «nos exigen haber hecho todos estos esfuerzos de aproximación», celebraba el presidente de la Junta, si bien «sigue habiendo cosas en las que nunca nos pondremos de acuerdo». El PP, apunta Monago, «está para construir, no para derrumbar Extremadura».
