Empieza un curso político que acabará en elecciones locales y autonómicas allá por mayo. La tensión habitual, la crispación politica de que hablamos tanto los medios, crecerá un poco más si cabe. No es para menos. Lo que está en juego es mucho: el poder municipal y autonómico. Miles de cargos y millones de euros de los presupuestos dependen de lo que voten los ciudadanos. No debería extrañar por tanto que los competidores por ese botín utilicen todas las armas, lícitas y menos lícitas, para lograrlo.
El aperitivo del nuevo curso político han sido la moción de censura en Moraleja que ha permitido al PSOE recuperar la alcaldía y la noticia de que la Fiscalía ha denunciado a dos concejales de Plasencia y a un constructor por presuntas adjudicaciones irregulares de obras.
La investigación está en los inicios, por lo que no se sabe cuál va a ser su futuro. Lo que sí parece certificado, incluso por el interventor municipal, es que los concejales denuciados, los socialistas Blas Raimundo y Enrique Tornero, han utilizado una práctica prohibida pero demasiado habitual en las administraciones públicas españolas: trocear las obras para adjudicarlas a dedo al constructor que a cada uno le cae más simpático.
Como si el Ayuntamiento fuera una empresa privada que pudiese encargar los trabajos a quien le viene en gana en lugar de convocar concursos y subastas públicas.
¿Se han beneficiado de algún modo los concejales de esa práctica? Ellos lo niegan. Pero si no ha habido beneficio entonces hay que preguntarse qué motivos llevan a un concejal a tomar una decisión irregular (trocear contratos), después de que el interventor le advierta por escrito que está cometiendo una ilegalidad. ¿El único objetivo es beneficiar a un constructor amigo? ¿Gratis? Estas preguntas serán contestadas probablemente por el juzgado cuando culmine la investigación. Pero no estaría de más que, entre tanto, y si los concejales quieren que sus protestas de inocencia sean creíbles, ellos y su partido den una explicación a los placentinos del por qué de esas prácticas claramente irregulares, si no delictivas. Por desgracia para la democracia española, los constructores (algunos constructores al menos, para ser justos), parecen haber sido durante años el mejor amigo de nuestros políticos.
A estas alturas no sabemos cuánto tardará el juzgado en dar respuesta a estas cuestiones y culminar la investigación, pero es muy probable que, salvo que se decidiera por un archivo inmediato, el caso dure y condicione las próximas elecciones en Plasencia.
Al PP, que fue el que mandó los papeles sospechosos a la Fiscalía, le han hecho un regalo con esta investigación. Está en su derecho de aprovecharlo, aunque tampoco pueden los populares sacar mucho pecho en el terreno de la exigencia y la ética políticas. Hoy es el día, más de un mes después de que se conociera la sentencia, en que el PP extremeño sigue dando su apoyo a la alcaldesa de Valdehornillos, condenada en firme por apartar a la secretaria titular del Ayuntamiento para colocar a su pareja. ¿Qué razones tiene Monago para no retirarle el apoyo? No se conocen, pero no dicen nada bueno sobre la voluntad de los partidos de moralizar la vida política y ganar credibilidad ante los ciudadanos.
Valdehornillos, que no alcanza los 700 habitantes, no es Plasencia, que supera los 40.000. Y seguro que en el cálculo político de los dirigentes populares estas cifras se tienen presentes. La repercusión pública y electoral del desaguisado en el Ayuntamiento de un pueblo minúsculo no es comparable al eco que tiene un escándalo en la cuarta población de Extremadura.
Pero la gravedad de los hechos no es menor porque estemos en una entidad local pequeña y no en una ciudad importante. La prevaricación es delito en todas partes.
Sin olvidar que la inacción de los populares en Valdehornillos le quita autoridad para exigir que el PSOE tome medidas contra sus concejales placentinos encausados.
