Se les acusa de haber cometido un homicidio imprudente. El próximo martes, 6 de septiembre, en el banquillo de acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres se sentarán dos hermanos, Antonio y Francisco D. A. que dirigen la empresa constructora y de servicios Ortama S. L.
El fiscal les responsabiliza de la muerte de uno de sus trabajadores, de José Manuel Amo, que perdió la vida en Cáceres el 4 de julio de 2008. Su edad era la de 37 años, estaba casado y tenía tres hijos.
El fiscal, en sus conclusiones provisionales, indica que tiene previsto solicitar al tribunal que condene a cada uno a dos años de prisión, y a que indemnicen a la viuda con 180.000 euros.
El accidente ocurrió cuando José Manuel, con ayuda de otro trabajador que conducía un camión con grúa incorporada, se dispuso a colocar cinco mástiles con banderolas publicitarias en un solar en construcción en el Residencial Villa hermosa, en la zona de la Ribera del Marco.
Los mástiles metálicos tenían siete metros de alto, y eran insertados en bases con cemento, con lo que las banderolas tenían una altura final de 7,60 metros.
Cuando a las once de la mañana José Manuel Amo estaba colocando uno de los mástiles, recibió una fuerte descarga eléctrica que le desplazó un par de metros. Murió a los pocos momentos aunque recibió asistencia sanitaria de urgencia del servicio 112.
Arco voltaico
A José Manuel le llegó la electricidad por el mástil al estar cerca de una línea de alta tensión que estaba a unos siete metros de altura. Se produjo una transferencia de energía eléctrica a distancia, mediante el fenómeno denominado como arco eléctrico o voltaico.
Los cables conductores de la línea de alta tensión constituían un serio riesgo en el caso de trabajos como el que realizó José Manuel. En el plan de seguridad de la obra estaba señalizados como elementos de peligro.
Para el fiscal los dos empresarios, que ejercían indistintamente la dirección de Rocha, hicieron delación de sus funciones en materia de prevención, ya que ni acudieron a los constructores o promotores para verificar las condiciones del terreno, «ni valoraron directamente el terreno y condiciones del trabajo, ni avisaron a su servicio de prevención externo; de modo que la ponderación de todo el riesgo de la instalación recaía sobre el trabajador José Manuel Amo».
Para el acusador público en este accidente se ha cometido un delito de homicidio imprudente, que deriva en un delito contra los derechos de los trabajadores por infracción de medidas de seguridad.
