Dos mil nueve fue un año «desastroso» en términos de economía y empleo. Tanto que en un tono ciertamente pesimista «se ha llevado los logros de una década», resume el Consejo Económico y Social de Extremadura (CES) el hasta ahora peor año de la crisis. Sindicatos, empresarios, y algunos expertos no ven otra salida que un compromiso entre las partes que rescate el valor del trabajo como base para iniciar la recuperación, siempre que se mantengan unos esfuerzos públicos de inversión que precisamente están flojeando debido a los escasos ingresos que tienen en la actualidad las administraciones estatal y autonómica. El producto interior bruto de Extremadura fue el año pasado de 17.608 millones de euros según una primera estimación de la contabilidad regional de España que hace el Instituto Nacional de Estadística y recoge el CES.
Un retroceso del dos por ciento respecto al año anterior (el deterioro en la media española fue el doble) y que hace que si hoy se aplicara el nuevo Estatuto de Autonomía, que reclama al Estado una inversión anual extraordinaria del uno por ciento de ese PIB, vendrían cuatro millones de euros menos.
El Consejo Económico y Social ha hecho un análisis de la crisis en 2009 que indica que el deterioro fue ligeramente menor que la media española pero que ese poder de resistencia, que se debe a la acción de las administraciones públicas (inversiones, planes de empleo, etc.), se termina porque ya no quedan fondos de los que tirar.
En un vistazo al deterioro del PIB extremeño el año pasado, cuyo montante disminuyó en 360 millones de euros respecto a 2008 (17.967 millones) se ve que los servicios públicos fue lo único que no retrocedió e incluso avanzó su importancia un 1,5 por ciento. Por contra la industria transformadora sufrió una caída de 13 puntos porcentuales (también en la media española fue el sector con mayor descalabro), siete puntos y medio el de energía y agua, tres y medio la construcción, y un punto y medio los servicios privados.
La agricultura fue la única actividad económica privada que salvó el tipo y se mantuvo. La estructura económica regional no cambia. Los servicios privados suponen casi la mitad de la actividad económica regional, los públicos un 21 por ciento, la construcción un 13 y la industria transformadora apenas un seis (la agricultura es el doble).
Sindicatos y empresarios presentes en el CES se hacen cruces con lo ocurrido en los últimos dieciocho meses que ha destruido una labor de varios años; 22.800 extremeños más al paro que afecta ya a más de 100.000 personas, una tasa del 20,5 por ciento, resumía ayer en la presentación del análisis Manuel Flores, presidente en la comisión de desarrollo regional del CES. Ese organismo reclama el valor del trabajo, del diálogo y de la concertación social como medios para superar las dificultades y que el crecimiento empiece. Y hace una advertencia: hay que mejorar el aprovechamiento de los fondos europeos porque van a flaquear a partir de 2013, dentro de tres años. No es buen camino, critican, que las inversiones estatales en carreteras bajaran el año pasado un 36% en la Comunidad, u otros recortes que hacen temer que el AVE «se pueda retrasar». La vicepresidenta económica de la Junta, Dolores Aguilar, apela también al esfuerzo y el trabajo como único método. Pero frente a los «ataques sin piedad», el Gobierno regional no renuncia a la política social del bienestar.
