UNO de los rasgos esenciales de la información periodística es la desconexión de las noticias entre sí, que se presentan separadas en columnas, impermeables unas a otras, de modo que la brutal bajada de sueldos por la crisis puede aparecer al lado de la victoria de España en el mundial de fútbol, la esquela de un muerto junto al nombre del ganador del premio gordo de la lotería. Sin embargo, a veces, a través de páginas y fechas diferentes, surgen vínculos inesperados que revelan profundas preocupaciones sociales, persistentes intereses colectivos, movimientos de opinión, obsesiones públicas.
Algo de eso está sucediendo con la memoria histórica. Si se creía que con la expulsión de la Audiencia Nacional del juez Baltasar Garzón y con su exilio en el Tribunal Internacional de La Haya se iba a acallar un conflicto que aún duele a miles de españoles, de nuevo la realidad demuestra que es indomable. Una y otra vez, desde uno u otro flanco, vuelve a oírse la reivindicación de abrir las fosas del franquismo y dar a las víctimas un lugar digno de descanso. Un día es una asociación de familiares que solicita una exhumación, otro día es un actor famoso que revela que sus bisabuelos fueron asesinados y que aún ignora el paradero de sus cuerpos, otro es un político quien vuelve a clamar en el parlamento nacional o en uno autonómico. No, no habrá solución ni silencio hasta que se pague esa deuda. Los desaparecidos están en el corazón mismo del trauma del franquismo, forman parte de la memoria emocional de las víctimas y su duelo no terminará hasta que se identifiquen y se separen de la multitud amorfa de los muertos. Nada de lo que en la dictadura se les permitió a los vencedores se les puede seguir prohibiendo en la democracia a los vencidos.
Se recorre Alemania y en todo su territorio no se ve un símbolo nazi. No se puede corregir la Historia, pero han sido borradas las huellas de aquella poderosa iconografía con que sellaron todo el país, maestros en la utilización de la propaganda y de los emblemas en los espacios públicos. A los niños de ocho o diez años se les enseña en los colegios las barbaridades del régimen de sus abuelos, se cuenta lo sucedido con datos y se proyectan películas de los campos de concentración. En el magnífico ayuntamiento de Hannover, el hall está reservado para una gran maqueta de la ciudad donde se ven los efectos de los pogromos contra los judíos.
En los países de la Europa del este se abren los archivos de la KGB, se relatan y se airean las brutalidades y abusos que el estado soviético ejerció contra los ciudadanos, se repintan las paredes donde estaban grabados con grandilocuencia una hoz y un martillo, se desmantelan las gigantescas estatuas de Stalin o de Lenin. En Camboya se abren los osarios donde los jemeres rojos acumulaban calaveras y en Argentina la edad anciana de los golpistas no los exime de condena.
En España, no. Con cuánto esfuerzo se han podido ir retirando de parques y cuarteles las últimas estatuas franquistas, cuántas décadas han sido necesarias para limpiar las calles de la democracia de nombres de generales sanguinarios, en cuántas avenidas ha lucido durante demasiado tiempo aquella fecha trágica. Aquí se han ocultado, cuando no han ardido, archivos de la guerra civil que contribuirían a aclarar cómo sucedieron las cosas, y hoy todavía se le niega al investigador su acceso, y al juez que pide esa información se le acusa de prevaricación.
Y sin embargo tengo para mí que es imprescindible cerrar definitivamente ese proceso, no para adjudicar culpabilidades sino para ofrecer reparaciones. No por un afán de revancha, sino por una cuestión de higiene nacional: se dejará de especular sobre la tumba de Lorca el día en que su cadáver sea exhumado. Porque, al contrario de lo que se afirma, cada vez que se abre una fosa se cauteriza una herida, cada cadáver recuperado no supone el comienzo de un nuevo enfrentamiento, sino un definitivo respiro. A mí me parece que ningún juez es quién para impedir que alguien entierre a sus familiares muertos, asesinados en una cuneta o en una checa de Madrid, y me pregunto si las actuales leyes no son ya suficientes para proteger ese derecho. Un cuerpo sepultado en una finca no pertenece al dueño de la finca, sino a sus descendientes. En los terribles años de la guerra y de la lúgubre y obscena posguerra de la dictadura franquista hubo enterradores clandestinos, y resulta imprescindible que en la democracia haya desenterradores públicos que con luz, cámaras y taquígrafos reparen todas aquellas crueldades.
En cada fosa oculta que se airea, en cada racimo de huesos que se reúne con los huesos familiares hay, además, un carácter preventivo y admonitorio que mira hacia el futuro: hechos así no pueden volver a suceder, porque si alguien siente la tentación de repetirlos, debe saber que no quedará impune, que tarde o temprano la Historia vendrá a pedirle cuenta de sus actos.
