Los ingenieros y los arquitectos, también en sus versiones técnicas, están en pie de guerra. Y no sólo por la crisis que está haciendo caer en picado la actividad en la construcción. Una amenaza aún más grave se cierne sobre ellos, aseguran.
Se llama Ley Ómnibus, aunque en realidad es un conjunto de disposiciones que afectan a nada menos que 47 leyes españolas distintas y que tiene soliviantados a colectivos tan dispares como los taxistas o los propios ingenieros.
En teoría, la norma intenta adaptar a nuestro ordenamiento jurídico una Directiva de la Unión Europea que alienta la liberalización del sector Servicios. Es lo que los expertos llaman transposición de una norma. Pero va mucho más allá, aseguran los colectivos afectados. Por ejemplo, un Real Decreto derivado de esta Ley elimina la obligación del visado colegial.
Hasta ahora, cualquier proyecto que redactara un ingeniero o un arquitecto, también los técnicos, debía ser visado en el colegio profesional correspondiente. Con ello se garantizaba que el autor tenía la titulación y no estaba inhabilitado para la profesión, al tiempo que se comprobaba que la documentación cumplía formalmente la legislación. Es decir, suponía una barrera contra el intrusismo profesional.
Los colegios estiman que la medida atenta contra sus intereses. El pasado miércoles, se reunieron en Mérida los presidentes y decanos de los órganos afectados en Extremadura. Concluyeron que, de salir adelante, los colegios profesionales de carácter provincial o regional no van a ser económicamente viables. Así, se disolverían para integrarse en los nacionales.
Calculan que se perderían unos 200 puestos de trabajo relacionados con estas instituciones y se cerrarían las instalaciones que mantienen en Extremadura. Asimismo, se perderían cinco millones de euros, procedentes de los derechos de los visados.
En un documento elaborado para justificar la nueva legislación, el Gobierno asegura que los «cambios normativos responden al objetivo de simplificación, puesto que es un trámite administrativo gravoso que dificulta innecesariamente el ejercicio profesional de los colegiados afectados».
No opinan así los propios afectados. Aducen que se trata de un acto que «aporta seguridad preventiva en materias sensibles como son edificaciones, infraestructuras, medio ambiente, instalaciones y maquinaria». De hecho, sus defensores aseguran que es un modelo que ha conseguido que el índice de siniestralidad en los trabajos técnicos en España sea el más bajo de la UE.
Es más, también defienden que la Administración no tiene capacidad para controlar la viabilidad de todos los proyectos. Además el coste del mismo no recae en la sociedad, sino que lo sufraga el técnico que realiza el trabajo.
Al mismo tiempo que unos y otros cruzan sus argumentos, se suceden también las protestas ante la entrada en vigor de la norma. El viernes día 7, los ingenieros y arquitectos extremeños se manifestaron junto a compañeros de toda España para mostrar su rechazo.
Pero no consiguieron ablandar al Gobierno. Días más tarde, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, aseguró que el Ejecutivo del que forma parte seguirá adelante con la retirada del visado colegial, a pesar de la incomodidad que ha provocado entre los colegios.
Criticó la manifestación y aseguró que nunca pensó que «iba a tener una manifestación de ingenieros y arquitectos delante de la ventana». «Estos profesionales tienen muchas otras cosas que hacer que firmar unos certificados que son cosa de épocas pasadas», añadió la miembro del Gobierno.
