La entidad que se encarga de la conservación y difusión del patrimonio arqueológico de Mérida se encuentra en números rojos. El Consorcio de la Ciudad Monumental cerró el pasado año con un resultado negativo de cerca de 400.000 euros, lo que obliga a aplicar un Plan de Austeridad para reducir los gastos y aumentar los ingresos con el objetivo de eliminar la deuda a medio plazo.
La crisis económica afecta de forma significativa al Consorcio, que ayer celebró la reunión anual del Consejo Rector, máximo órgano de decisión de la entidad. En este encuentro se trataron las cuentas de 2009, que muestran los efectos de la situación económica.
Como explica el Consorcio, cerca del 50% de sus ingresos procedió de las taquillas de los monumentos, un 26% de proyectos, un 19% de aportaciones de las instituciones consorciadas y un 6% por otras vías. La crisis se aprecia especialmente en los dos primeros casos, debido a la caída del turismo (con una bajada de más del 6% respecto a lo presupuestado) y al descenso de actividad de la construcción.
A pesar de la reducción de un 27% en gastos corrientes y de mantenimiento con respecto a 2008, la entidad se plantea ajustar aún más la diferencia entre ingresos y gastos. Para ello, apuesta por nuevas vías de financiación, para lo que ha creado un Grupo de Investigación con el que concurrirá a convocatorias de proyectos I+D+I.
En cuanto a los costes, la Consejería de Cultura destaca que en la actual negociación del Convenio Colectivo el Consejo Rector se ha comprometido a suprimir todos los derechos económicos susceptibles de consolidación. Además, recalca que la nueva dirección decidió congelar sus sueldos y renunció a dietas y kilometrajes.
Críticas de Adenex
La asociación conservacionista Adenex, con representación en el Consejo Rector, denuncia que la situación económica «es lamentable por cuanto de inestabilidad provoca en sus trabajadores y en el funcionamiento de la entidad a la hora de poder cumplir con sus objetivos».
Por ese motivo, solicita una revisión de las aportaciones de las entidades consorciadas, «aumentándolas en la medida de las necesidades reales del Consorcio».
