Cruz Roja ha sido condenada a readmitir a una trabajadora o pagarla 8.197 euros a por despido improcedente. M.T.L. desarrollaba su labor de auxiliar administrativo con un sueldo de 1.006 euros mensuales, al amparo del 'Plan de conciliación de la vida familiar y laboral. Programa para la contratación de personal para la atención a personas con demencia avanzada o gran dependencia para las actividades de la vida diaria'.
La sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres, contra la que cabe recurso, recoge, en su apartado de hechos probados, que el programa de conciliación con la Junta de Extremadura fue «renovado o prorrogado» el día 29 de diciembre de 2009, «si bien su dotación presupuestaria se reduce prácticamente a la mitad», de siete a tres millones de euros. «Cruz Roja», añade la sentencia, «ha ido reduciendo el número de personas que se aplicaban a estas labores».
El juez considera que «no se puede vincular a la duración de una subvención la pervivencia de una relación laboral», y añade que «la labor asistencial general que constituye el objeto del contrato se integra de modo natural en las tareas propias de una institución como Cruz Roja. Que ahora mengüe el presupuesto y los medios de que se dispongan, no sitúan al empleador ante la tesitura de la extinción de la labor en cuestión».
«El ordenamiento jurídico», continúa la sentencia, «brinda mecanismos suficientes para hacer frente a esta situación, si bien no del modo gratuito que se intenta». Subraya el juez, además, que otras personas continúan desarrollando la misma labor para Cruz Roja, por lo la función se considera necesaria.
