Samira Azaiz, la mujer marroquí afincada en Villanueva de la Serena que pidió ayuda públicamente a las autoridades por el acoso que sufre por parte de su hijo, un menor de 12 años y 115 kilos de peso, sigue inmersa en su infierno particular. Mientras vive a diario el terror en su domicilio padeciendo las constantes amenazas y maltratos de su hijo, ella sigue levantando la voz para intentar que su caso no quede en el olvido.
Tras una semana en la que el menor la llegó a amenazar de nuevo poniéndola el cuchillo en el cuello e intentó estrangularla, Samira no tuvo más remedio que volver a denunciarle en el juzgado.
No obstante, ésta ha decidido llevar también su reclamación a las puertas de la residencia oficial del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en Mérida. El jueves, Azaiz acompañada de integrantes del colectivo 'Compromiso con Villanueva' se apostaron a las puertas del edificio con una pancarta en la que se podía leer 'Guillermo: la vida de esta madre está en peligro. No la dejes morir'.
Y es que Samira cree que desde que denunciara públicamente su caso, ninguna administración o autoridad competente ha tomado cartas en el asunto. De momento, ella sigue inmersa en su encrucijada y, ante la gravedad de los hechos, no duda en temerse lo peor: «Si no se pone solución, tarde o temprano alguien de mi familia irá a la tumba».
Lo cierto es que el caso de Samira es espinoso y más teniendo en cuenta que el menor no tiene edad penal, establecida entre los 14 y los 18 años, por lo que no se le puede aplicar ninguna medida judicial de reforma.
La Dirección General de Infancia y Familias de la Junta, que es la que tiene competencias en materia de menores, afirmó en su día que tiene conocimiento de esta problemática desde octubre del 2009 y desde entonces actúa.
La Junta insiste en que «se han habilitado los recursos técnicos y de atención a menores, así como los del sistema sanitario». En este sentido, recuerda que «al tratarse de un menor que no se encuentra desprotegido por parte de sus tutores, esta problemática se ha canalizado a través del Programa de Educación Familiar y Atención a Familias», que la Junta tiene en convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
En el citado programa intervienen profesionales especializados, como psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales que, según la Junta, «trabajan con la madre del menor en todo lo relativo a las pautas que debe seguir para lograr una adherencia al tratamiento del menor, alcanzar el cumplimiento de normas educativas, reorientación de impulsos y en la obtención de otros recursos asistenciales». Al mismo tiempo, el menor «está siendo atendido por los servicios médicos especializados».
Ante este caso, la Junta ya ha hecho un «llamamiento a la responsabilidad para preservar los derechos de este menor y evitar su estigmatización y rechazo social».
En más de una ocasión, Samira Azaiz ha llegado a pedir la intervención de la Fiscalía de menores de Badajoz. En este caso, el fiscal de protección , Julio López, ha indicado a este diario que ya se han abierto «las diligencias preprocesales, mediante las cuales se está recabando toda la información necesaria para tomar una decisión y adoptar las medidas necesarias, que no tienen que ser las que la madre demande».
Algunas medidas
Unas medidas que, aunque aún no están definidas, podrían ser de carácter civil y, como apunta López, «en todo caso serían parecidas a las medidas de reforma que se adoptan con chavales de más de 14 años con problemas similares y que se encuentran en pisos tutelados».
Preguntado el fiscal sobre una hipotética separación del menor de su familia, éste apunta que «la separación de forma obligada puede ser un arma de doble filo, pues no sabemos cómo podrían reaccionar ambos». Éste recuerda que al menor ya se le trasladó a un centro de menores en Cabeza del Buey, pero éste rehusó este recurso: «Esta situación es parecida a la de un enfermo cuando no quiere tomar medicación».
En todo caso, el fiscal de protección de la Fiscalía de menores apunta que «todo dependerá de la que haga y decida la Junta, que es la que tiene la competencia exhaustiva en materia de menores».
Mientras la Junta y la Fiscalía hacen su trabajo en la sombra, Samira, a través del colectivo 'Compromiso con Villanueva', que es el que la está apoyando en todo momento, ha recurrido a Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de menores y que fue el primer Defensor del menor en España.
Pocos centros
En este caso, Urra es claro y, preguntado por la problemática de Villanueva de la Serena, aporta su punto de vista: «El problema es que tenemos escasez de centros terapéuticos, bien sea para tratar la enfermedad mental de los menores o bien sea para abordar los problemas de comportamiento. No obstante, si en una familia, como es este caso, sus relaciones están destrozadas y no son capaces de resolverlas, a ese niño hay que sacarle de ese entorno y llevarle a algún tipo de centro. Habrá que trabajar con él para que alcance un mayor grado de autodominio y se consiga un control y la relación con la madre mejore hasta el respeto. Al mismo tiempo, habrá que trabajar con la familia».
En este sentido, considera que no existe ningún vacío legal y éste recuerda que «el criterio jurídico para actuar lo marca la ley1/96 de Protección Jurídica del Menor, ya que este menor puede acabar teniendo una conducta lesiva para los demás y para él mismo».
