Extremadura vuelve a recibir calabazas del Gobierno central en su empeño de cobrar 33,8 millones de euros en concepto de gasto sanitario. Recibió el rechazo del Gobierno Aznar en 2004 y ahora el de Rodríguez Zapatero hace lo mismo. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa, antiguo Insalud), acaba de rechazar la petición de la Junta con una resolución, fechada el 15 de enero, en la que comunica al Gobierno extremeño su negativa a aceptar el pago de 5.600 millones de las antiguas pesetas. Vista la negativa gubernamental, la Junta vuelve a llevar el caso a los tribunales, en donde está el asunto desde el año 2004.
Hace casi seis años, Extremadura demandó a la Administración del Estado porque no se le reconoció el pago de 33,8 millones de euros por los gastos sanitarios asumidos por la Junta en el 2001 al producirse la transferencia de competencias en materia de sanidad. Ese gasto con cargo a las cuentas regionales fue el que se produjo justo antes de las transferencias del Insalud a Extremadura, un dinero que el Gobierno extremeño destinó a pagar, sobre todo, el gasto farmacéutico de diciembre de 2001 y que, a priori, y dado que las transferencias fueron efectivas en 2002, le correspondía asumir al Gobierno central.
Sentencias
En junio de 2009, el Tribunal Supremo rechazó la demanda de la Junta, básicamente por un defecto de forma «ya que no se entra a valorar el fondo de la cuestión y es si tenemos derecho o no cobrar ese dinero. La jurisprudencia posterior que se conoce dice que sí y por eso no desistimos en nuestra reclamación», asevera Ángel Franco, consejero de Administración Pública y Hacienda, que ayer anunció en la Asamblea que el pasado viernes, 5 de febrero, la Junta interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central contra esa decisión del Tribunal Supremo.
Franco subraya que el proceso judicial que Extremadura ha vuelto a reabrir se produce, de un lado, por una «falta de lealtad institucional» del último Gobierno de Aznar, que dio a entender que pagaría esa factura de 33,8 millones para luego no hacerlo y, de otra parte, por los defectos de forma en la presentación de la demanda por parte de los servicios jurídicos de la Junta, circunstancia que admite Franco.
El PP desea «suerte», en palabras de su diputada Cristina Teniente, ante este nuevo recurso, pero dice que la realidad es que «la posibilidad de recuperar ese dinero está hoy más lejos». Teniente achaca la pérdida de 33,8 millones a la gestión del entonces consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara.
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