La Fiscalía de Badajoz ha abierto una investigación para averiguar qué motivos existen para que 18 ayuntamientos de la provincia pacense no tramiten la retirada de puntos que acarrean las sanciones de tráfico denunciadas por las policías locales de esa larga lista de municipios.
La mayor parte de los ayuntamientos han respondido que el retraso en la aplicación de esa medida se debe a problemas técnicos, pero hay un alcalde, el de Calamonte, que se ha ratificado en su postura de no quitar ni un solo punto, un planteamiento que podría tener consecuencias penales.
Desde Fiscalía de Tráfico de Badajoz se ha confirmado que un alcalde de la provincia -no se aclara cuál- ha sido citado ya en el juzgado para declarar por un presunto delito de prevaricación relacionado con las denuncias de tráfico impuestas por el ayuntamiento que preside. La instrucción del proceso ya ha comenzado y este mes de febrero será llamado a declarar por el juez.
El fiscal de Tráfico, Diego Yebra, no aporta más datos, pero el propio alcalde de Calamonte, Salvador Álvarez Pérez, ha reconocido que la práctica totalidad de la plantilla de policías locales de su localidad, compuesta por 11 agentes, ha presentado una denuncia formal contra su persona. En esa acusación remitida a la Fiscalía los municipales aseguran que Álvarez ha retirado denuncias de forma arbitraria y, además, se niega a tramitar la retirada de los puntos que exigen las multas impuestas en el municipio.
No a los puntos
El alcalde de Calamonte niega de forma tajante la primera acusación y asegura que, si acaso, quien ha quitado alguna denuncia es algún agente de la Policía Local del pueblo del que no aporta su nombre. Del mismo modo asume con naturalidad que la retirada de los puntos de carné no se está llevando a cabo en Calamonte. «Yo dije que si la ley no me obliga a retirar los puntos, no los retiraría».
La respuesta de Salvador Álvarez, que pertenece al Partido Popular y gobierna Calamonte con el apoyo de Izquierda Unidad, choca frontalmente con los planteamientos de la Fiscalía de Badajoz, cuyo delegado de Tráfico reconoce que ha denunciado a un alcalde por negarse a retirar los puntos.
Directamente no señala al de Calamonte, cuya población roza los 6.000 habitantes, pero otras fuentes han confirmado que es el alcalde de esta localidad quien está siendo investigado.
En principio, podría parecer un asunto menor, pero la denuncia presentada por la Fiscalía de Tráfico ante el juzgado hace referencia a un presunto delito de prevaricación, comportamiento que se castiga duramente en el Código Penal. Su artículo 404 indica que «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años».
Ante una amenaza así, los otros 17 ayuntamientos investigados por no tramitar los puntos han argumentado del mismo modo: todas sus multas son enviadas para su gestión al Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz, por lo que es este organismo quien debe aclarar a la Fiscalía los motivos de lo sucedido.
Desde el OAR, sus responsables han contestado a la Fiscalía que el programa informático que utilizan para tramitar las sanciones, cobrar las multas y remitir los puntos retirados a las autoridades de Tráfico se ha ido confeccionando de forma progresiva debido a su dificultad técnica. La última parte que ha entrado en funcionamiento es la que hace referencia a la retirada de puntos del carné de conducir.
Diligencias preprocesales
En cualquier caso, las diligencias preprocesales abiertas por la Fiscalía contra estos 17 ayuntamientos han provocado una reacción rápida y desde el pasado mes de noviembre el Organismo Autónomo de Recaudación comunica a Tráfico tanto los puntos retirados a partir de esa fecha como los que aún no habían caducado.
El problema es que la retirada de puntos comenzó en el año 2006 y desde entonces han transcurrido tres años y medio, por lo que han caducado la mayoría de las sanciones que conllevaban la retirada de puntos. La caducidad es de un año para las infracciones más graves, de 6 meses para las graves y de 3 para las leves. Por tanto, Tráfico no podrá 'cobrarse' muchos de los puntos que deberían haber sido retirados a conductores pacenses.
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