No por menos esperado deja de ser relevante. El consejero de Administración Pública y Hacienda, carpeta en mano, llegó ayer serio a la sala de prensa de la Junta y, tras remover un mar de papeles sobre la mesa, soltó el mensaje: la crisis cierra 2009 con números rojos las cuentas autonómicas. El gasto público sube. El Gobierno extremeño, aún sin cerrar del todo el balance, estima que el pasado ejercicio fiscal se cierra con un déficit del 2,5 % del PIB regional, o, lo que, es lo mismo, 400 millones de euros. Al iniciarse el año 2009, la previsión era de que el déficit sería del 1%.
El dato viene a confirmar lo que, un día antes, había adelantado un informe de Funcas: Extremadura es la comunidad autónoma en la que el gasto público es mayor. Los motivos tampoco son extraños. El consejero Franco resalta el principal, a su juicio. «Asumimos desde la Administración regional servicios que, en otras comunidades, se entregan a la iniciativa privada. En Extremadura, aunque en 2009 hemos ejercido altas dosis de austeridad importantes en determinadas cuestiones, se ha mantenido la tensión en el gasto, no dejando nada de ejecutar de lo que comprometimos con los ciudadanos extremeños», enfatiza el titular del departamento de Hacienda.
Previsión y financiación
Para este 2010, la previsión del Gobierno extremeño es que el déficit suba hasta el 2,75% del PIB regional, esto es, unos 500 millones de euros nuevos de deuda para Extremadura. Ese compromiso de no superar ese porcentaje, en teoría, es el que mantienen todas las comunidades autónomas con el Gobierno central, aunque la realidad indica que casi nunca se cumple.
Pero no todas las noticias económicas son negativas. Ángel Franco ha recordado que en 2009 se ha cerrado el nuevo modelo de financiación autonómica que reportará una financiación adicional de hasta 210 millones de euros por los próximos cinco años, de los que Extremadura ya ha recibido unos 118 millones.
Las cuentas de la Junta indican que el nuevo modelo supone unos 12.300 euros anuales adicionales para cada nuevo habitante en nuestra región, frente a los 1.835 euros de media que reciba cada nuevo habitante de nuestro país.
En clave futura, el Gobierno de Fernández Vara no se fija plazo exacto para asumir las competencias de Justicia, incluidas dentro de la consejería que dirige Franco. «La complejidad del proceso» y «las buenas manos», las del Gobierno central, en las que está la Administración de Justicia hacen que Extremadura no tenga prisa.
La Consejería de Administración y Hacienda prepara, de otra parte, una nueva Ley de Medidas Fiscales, en la que se actualizarán los incentivos y bonificaciones fiscales, aunque debe ser pulida en el Pacto Social y Político de Reformas. En cuanto a inversión propia, la consejería destinará 1 millón de euros para la reforma de cuarteles y 1,6 millones para el edificio del 112.
