Unos 38.000 dependientes murieron en 2017 sin recibir ninguna prestación

Unos 38.000 dependientes murieron en 2017 sin recibir ninguna prestación
Reuters

El Observatorio Estatal denuncia que otros 310.000 ciudadanos permanecen en lista de espera

Daniel Roldán
DANIEL ROLDÁNMadrid

Unos 38.000 dependientes fallecieron el año pasado sin recibir ninguna prestación, según recoge el Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en su último dictamen. Supone, según recalcó la asociación, que cada día, cien personas fallecían sin recibir ninguna prestación o servicio. Y todavía quedaban a finales de 2017 en la lista de espera 310.120 personas (24,5%), aunque son 51.078 menos que un año antes. A este ritmo, se tardarían más de cuatro años en atender la actual lista de espera, señalan los gerentes de servicios sociales.

El informe del Observatorio resalta como «especialmente preocupante» que casi cuatro de cada diez personas desatendidas (38,8%), son dependientes con Grado II o III (dependientes severos y grandes dependientes); en total 120.378 personas. «Resulta así que las personas con más necesidades de atención son las que menos han visto reducir su lista de espera, lo que evidencia que las comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir la lista de espera con menores costes para el sistema (dependientes moderados) y con servicios de bajo coste», apunta el estudio. A 31 de diciembre de 2017, tenían reconocida su situación de dependencia 1.264.951; son 51.018 más que un año antes. De este total, 954.831 personas están siendo atendidas en el sistema, 89.267 más que el año anterior. Un tercio de estas personas son mujeres (65%). El 72,2% son pensionistas (con más de 65 años) y más de la mitad (54,6%) tienen más de 80 años.

Por otra parte, el Observatorio Estatal de Dependencia destaca la «sorprendente capacidad» para generar empleo y para obtener retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2017, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 36,1, y la tasa de retorno es del 39,7%. Si se atendiera ya a las 310.120 personas en espera se generarían más de 75.000 nuevos empleos directos. En cambio, el informe critica que el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del nivel mínimo. La Administración General del Estado aporta el 20% del gasto público y las comunidades autónomas el 80% restante.

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