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La ONU pide a España que «cambie de rumbo» en política sanitaria

La relatora de Naciones Unidas sobre pobreza extrema recuerda a las autoridades que tienen obligaciones internacionales en cuanto al acceso a este tipo de atención, lo que incluye a los inmigrantes independientemente de su situación jurídica

EFE

Martes, 29 de abril 2014, 15:31

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La relatora de la ONU sobre pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda, ha pedido al Gobierno español que "cambie de rumbo" en relación a ciertas medidas que afectan el acceso a la salud, particularmente de la población inmigrante.

Sepúlveda ha recordado a las autoridades que España tiene obligaciones internacionales en cuanto al acceso a la atención sanitaria, lo que incluye a los inmigrantes independientemente de su situación jurídica, es decir, si están en el país de manera legal o irregular. "La falta de acceso de los inmigrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo", ha opinado. Ha sostenido que si ese colectivo no recibe atención primaria de salud, entonces los servicios de emergencia, que de manera general son más costosos, sufrirán una sobrecarga.

Sepúlveda ha formulado esta declaración escrita, desde Ginebra, como seguimiento a una carta que remitió -conjuntamente con otros expertos de derechos humanos de la ONU- al Gobierno de España el pasado noviembre, en la que se cuestionaban los cambios que reducían el acceso al sistema de salud pública.

"Percepción errónea del principio de no discriminación"

La relatora ha valorado la respuesta que recibió, aunque se ha distanciado de los argumentos y conclusiones de España. "El Gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación", ha puntualizado.

Sepúlveda ha agregado que "los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales". Bajo esas consideraciones, la relatora ha señalado que no puede considerarse que la atención sanitaria sea universal, pública y gratuita, como sostiene España. "Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para inmigrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables", ha enfatizado.

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