Llegan noticias graves que se refieren al derecho a defensa de alguno de los imputados por crímenes execrables. Toda persona imputada tiene derecho a asistencia letrada, bien sea de su elección o, si carece de medios económicos, se le facilitara un letrado de oficio. Es un derecho fundamental que contiene un haz de garantías, el derecho a ser oído, presentar todos los medios de prueba necesarios para que se valoren en la resolución judicial y, en fin, formular las alegaciones para obtener una sentencia justa, como dispone nuestra Constitución.
Se ha divulgado el ataque que están sufriendo los abogados de justicia gratuita que deben asistir a una imputada a la que se acusa de la muerte cruel de un niño. Las críticas no tienen ningún sentido. Más bien al contrario, el que asume de oficio un caso grave, mediático, merece la máxima consideración y es sabido que realiza su trabajo con total entrega y valentía para afrontar los injustos reproches que lleva consigo la asistencia letrada en algunos casos concretos.
Es un derecho de todo justiciable obtener la tutela judicial efectiva, frente a cualquier agresión, que deviene en el respeto a todas las situaciones y frente a amenazas por extremas que sean las imputaciones procesales–terrorismo, violaciones, violencia, asesinatos múltiples, violencia de género, etcétera–.
Ya el Tribunal Constitucional en sentencia de 1991 mantuvo que «si no se conocen los elementos objetivos concretos de los que se acusa al imputado, difícilmente podrá este alegar en su defensa lo que resulta procedente en derecho, ni proponer los medios de prueba adecuados para desvirtuar una acusación que no conoce o solo conoce de forma genérica».
Hay que advertir que no son pocas las personas que suelen cuestionar la asistencia jurídica de letrado en aquellos supuestos que parecen sanguinarios. El abogado Mairata Laviña nos expone muy acertadamente las veces que le han preguntado por qué aceptaba la defensa de un violador o de un asesino cruel y dice que siempre ha respondido «Si a tu hijo, persona respetable, le hubieran mezclado en su bebida una sustancia en una noche de fiesta, comete un acto del que se arrepentirá toda su vida y pretendiera su defensa no entenderías mi negativa e insistirías en su derecho a ser defendido y exponer la situación ante los jueces». Todos conocemos acusaciones de condena que resultan falsas o en las que no se ha tenido en cuenta cómo se produjo el hecho causante. Algunos han sufrido larga cárcel y al fin puede demostrarse su inocencia.
Tenemos en nuestra mente muchas películas basadas en hechos reales que nos estremecen relatando situaciones de personas inocentes condenadas por error o presión social. Un caso estremecedor es el que nos presentó el film titulado 'Matar un ruiseñor', en el que el abogado Atticus Finch defiende al joven negro acusado con violencia de un crimen por todos los ciudadanos de una comunidad racista, siendo el pobre ajeno a cualquier culpabilidad.
Y mucho menos podemos olvidar el famoso crimen de Cuenca. La condena de dos campesinos que tras inicuas torturas acabaron confesando que habían matado a un compañero, a pesar de que no apareció el cadáver .El 'muerto' regresó al pueblo años después por casualidad con el fin de pedir certificado de bautismo para casarse. Se había ausentado sin despedirse y ocasionó, sin querer, un gran dolor. Los inculpados pasaron varios años en la cárcel y tuvieron el rechazo social de toda su familia. Un calvario. Algo irreparable.
Es necesario siempre tener un defensor para poder rebatir los hechos tras un debate jurídico con todas las garantías expuesto ante un órgano judicial imparcial que evite la indefensión como propugna el artículo 24 de la Constitución, que proclama el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se incluye en todas las Cartas Magnas de los Países civilizados.
Es obligado obtener la defensa de un abogado que con su formación y el distanciamiento de los hechos ofrezca imparcialidad, conociendo el derecho material, sustantivo y procesal. Ni siquiera es aconsejable que el abogado se defienda a sí mismo. Dice un aforismo conocido que «el abogado que se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente», precisamente porque carece de objetividad y serenidad. No hay que atacar a los defensores, cualquiera que sea el crimen imputado. Todos los ciudadanos tienen derecho a la defensa jurídica, con medios propios o mediante abogado de oficio. La justicia tiene que ser gratuita para los que tienen insuficiencia económica.
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