Prisión permanente revisable

Cuando en el año 2010 el Partido Popular prometió a los padres de Marta del Castillo la instauración de la pena de prisión permanente revisable, entró de lleno en ese terreno. Fue cuestionado por quienes ni siquiera se atrevieron a escuchar a una familia rota por el dolor y la desazón de no poder dar sepultura a una hija. Los asesinos de Marta se negaron a confesar el lugar donde se hallaba el cuerpo. Y el resto de fuerzas políticas se negó a recibir a sus padres.

El gobierno socialista y el resto de partidos entendió que no merecían ser escuchados, porque quienes pretenden servir a la sociedad con el rabillo del ojo puesto en las encuestas, o en las siguientes elecciones, no aceptan la existencia de otro modos de ver la realidad. Su realidad es la única válida, posible, acertada y moralmente aceptable; y se evalúa siempre en términos de ‘trackings’ y titulares.

Pero ello no pudo impedir pensar en las víctimas, en nuestros hijos, en nuestra seguridad y en nuestra libertad. No pudo impedir que se escuchara un gran clamor social que se materializó en cuatro millones de firmas y seis de cada diez españoles pidiendo la instauración de la prisión permanente revisable. Finalmente, 2015 fue el año de esta gran conquista social.

Era necesario prever una pena proporcional a delitos de extrema gravedad que no encontraban una respuesta adecuada hasta entonces, como los asesinatos de menores de 16 años, de personas especialmente vulnerables, asesinatos subsiguientes a violaciones, asesinatos múltiples, los cometidos por una organización criminal, contra un jefe de Estado, contra el Derecho de Gentes, de genocidios o crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo, aún a pesar de que en la actualidad la cifra de españoles que ve en la prisión permanente revisable una pena adecuada para los delitos de extrema gravedad se ha incrementado hasta alcanzar el 80%, y de que en tan sólo unos días se han recogido casi 1,5 millones de firmas, el resto de partidos tramita en el Congreso de los Diputados su derogación.

Desde el PP de Extremadura, el presidente Monago defendió el pasado jueves una iniciativa para recabar el apoyo de la Asamblea con el objeto de evitar que se tumbe la prisión permanente revisable, pero lamentablemente nos hemos vuelto a topar con el muro de quienes no ven en un asesinato de un menor de 16 años, o de una mujer tras violarla, un delito lo suficientemente grave como para que el asesino tenga que demostrar que está capacitado para volver a vivir en libertad.

No se le niega a nadie el derecho a su reinserción, es un derecho recogido en la Constitución, pero el mismo está a disposición del reo como garantía, y no como salvoconducto que le permita sortear la necesaria reeducación y demostración de sus plenas condiciones para acceder a una libertad que debe ser segura para el resto de la sociedad. La prisión permanente revisable se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico, y nada tiene que ver con una cadena perpetua.

Si hay algo perpetuo, esa es la pena de los padres de Mari Luz Cortés, de Marta del Castillo, de Diana Quer, de Yeremi Vargas, de la madre de los niños Ruth y José, o de los familiares de Candela y Amaya (9 y 4 años) asesinados por su padre con una sierra eléctrica –único condenado a prisión permanente revisable–.

Nuestros hijos, o nosotras mismas, no podemos estar expuestas a encontrarnos con un depredador puesto en libertad por el mero hecho de haber cumplido un número de años. La libertad no puede estar desconectada de las garantías de seguridad. Desde el PP nos sumamos a su lucha, a su dolor; nos sumamos al gran clamor social. Como venimos haciendo desde el año 2010, y como seguiremos demostrando. Porque es de justicia.

Lo que el PP, la sociedad extremeña y española pide es lo que también tienen regulados países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Austria, Dinamarca, Bélgica o Suiza; pero que sin embargo se acalla con el objeto de intentar apartar a un partido, como una estrategia política que no tiene en cuenta ni a las víctimas ni a la sociedad.

Para los abonados a esa interesada estrategia no hay dolor que haga empatizar o comprender a las víctimas. Víctimas que a su vez son acusadas de querer venganza en vez de justicia. De querer que se legisle en caliente. De instigar un populismo punitivo. Son acusados por los que defienden que los asesinos de sus hijos sean puestos en libertad sin demostrar que están preparados para no volver a cometer tales atrocidades, amparados por quienes, con su abstención, evitan mojarse y dar la cara.

Obedecer al dictamen estético de lo políticamente correcto nos aleja de la sociedad y de sus demandas. Antepone la forma al fondo, algo especialmente lacerante en asuntos donde no se debería mirar él rédito, sino tratar de buscar la solución.