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Alfonso Torices
Miércoles, 26 de abril 2017, 12:32
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El Ministerio de Educación permitirá a las comunidades autónomas bajar el precio de la matrícula de los másteres universitarios de cara al próximo curso siempre que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado que ahora debate el Congreso.
La medida permitiría a las universidades públicas igualar las tasas que deben sufragar los alumnos para el estudio de los másteres con las de la matrícula de los grados universitarios, cuando en la actualidad podían costar hasta casi el doble.
Con esta media, el Ministerio trata de revertir en parte el fuerte encarecimiento de los estudios universitarios provocado en los últimos cinco años por el decreto de recortes aprobado en 2012 por el entonces titular de Educación, Juan Ignacio Wert, que ampliaba notablemente las horquillas que se podían cobrar por las matrículas universitarias para poder reducir la financiación pública. El cambio ha desembocado en subidas medias de hasta el 60% en las tasas y en diferencias por autonomías de hasta 1.000 euros por matrícula en carreras equivalentes.
De hecho, el actual titular de Educación, Ínigo Méndez de Vigo, ya reconoció en el Parlamento en enero que el decreto de 2012 ha llevado a una realidad "injusta y poco equitativa" y que también estudia una posible revisión a la baja para las tasas de los grados universitarios.
Sin embargo, por ahora, solo le ha llegado el turno a los másteres, en concreto a los no habilitantes, que son todos los estudios de postgrado de este tipo salvo los que obligatoriamente tienen que cursar los abogados y los ingenieros para poder ejercer su profesión.
La ley de Presupuestos, sí termina por ser aprobada, permitirá a las comunidades autónomas fijar el precio de matrícula de estos estudios de postgrado a partir del próximo curso entre el 15% y el 50% del coste real del curso de máster no habilitante, cuando en la actualidad la tasa es de casi el doble, pues la ley indica que la autonomía debe cobrar entre el 40% y el 50% de los costes totales.
Esta media acercaría, e incluso igualaría, el precio de los másteres no habilitantes a los de los de abogacía e ingenierías y a los de las matrículas de las carreras universitarias. Esto es así porque el decreto de 2012 fijó la horquilla para las tasas de los grados en las universidades públicas y para los másteres habilitantes entre el 15% y el 25% de los costes reales de los estudios.
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