Hoy

vídeo

Íñigo Méndez de Vigo. / Ballesteros (Efe)

La prueba de ESO será muestral y la de Bachillerato sobre las troncales de 2º

  • Méndez de Vigo subraya que los cambios anunciados suponen "el primer paso para abrir la puerta" a un pacto educativo

El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha afirmado que el cambio en las evaluaciones de la Lomce -la de ESO será censal y sólo versará sobre contenidos de 4º y la de bachillerato sólo de 2º- es un "gesto" y un "paso" que da el Gobierno hacia el Pacto Nacional por la Educación.

"Va en la línea con lo que nos ha pedido la comunidad educativa y muchos grupos parlamentarios, es un gesto y un paso que da el Gobierno hacia el Pacto Nacional por la Educación", ha subrayado el titular de Educación y portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre estas modificaciones. "Tenemos que sentarnos, tenemos que hablar y yo creo que es algo que tenemos que hacer y espero que consigamos. Es un paso para abrir la puerta, creo que es positivo y espero que así lo sea", ha insistido.

Según ha indicado, con el decreto ley que prepara el Gobierno para modificar las 'reválidas', el Ejecutivo "cumple con el objetivo de evaluar, que siempre es bueno" y ha reiterado que "aquello que no se evalúa se devalúa".

Asimismo, ha indicado que este asunto lo quiere concretar y discutir el próximo 28 de noviembre con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación puesto que son ellas quienes tienen que ejecutar estas pruebas. Con ellas también decidirá el plazo para mantener estas condiciones, que el Gobierno considera transitorias hasta alcanzar el pacto educativo.

Parar la tramitación de la reforma de la Lomce

Méndez de Vigo ha informado también de que el Consejo de Ministros ha acordado requerir al Congreso la revocación de los acuerdos de la Mesa de la Cámara cuando admitió a trámite la proposición de ley del PSOE para la suspensión del calendario de aplicación de la Lomce, que fue debatida y aprobada el pasado martes en el Pleno.

"De lo que se trata es de un debate constitucional: Si un aproposición de ley puede implicar aumento de gastos o disminución de ingresos", ha indicado el ministro sobre los más de 600 millones de fondos europeos que el Estado podría dejar de percibir de fondos europeos si no aplica la Lomce.

Según ha indicado, ahí hay una "controversia jurídica" entre la mayoría de la Mesa de la Cámara que tomó una decisión y el Gobierno, que, según ha señalado, "estima que sus argumentos deberían haberse impuesto". "No es que el Gobierno quiera imponer su tesis, sino que en el ámbito constitucional presupuestario ése es un principio capital porque, si no, los PGE no se convierten en el marco de referencia de la Legislatura", ha defendido.