Crecer oyendo que no

Existe un consenso sobre la necesidad de abordar los delitos de los menores de 14 mediante la rehabilitación sin internamiento

El brutal asesinato de una pareja de ancianos en Bilbao por dos menores de edad, la muerte de un hombre en una madrugada navideña –también en la capital vizcaína– a manos de otros menores, el terrible y descorazonador episodio de presunta violación en un centro escolar de Jaén, o que un chaval acabe con la vida de su hermano mayor han sobresaltado en los dos últimos meses la conciencia cívica de los ciudadanos. El desconcierto se hace aun mayor al constatar que no hay responsabilidad punible alguna por debajo de los 14 años en el momento de la comisión del delito, y que no es posible el internamiento del infractor a esa edad. Por eso cunde la sensación de que el victimario se guarece en una suerte de inocencia reprendida y tutelada por los servicios sociales; mientras las víctimas, sus familiares y la sociedad en general tienen dificultades para entender que alguien a tan temprana edad pueda hacer lo peor y que cuente con un itinerario a medida para diluir su responsabilidad. Los episodios de violencia y depravación protagonizados por menores resultan inconcebibles. Pero son el resultado de la mezcla de sobreprotección y abandono en que se encuentran demasiados adolescentes a esa edad. De la falta de empatía hacia los demás, de la carencia de control hacia los propios deseos o impulsos, de la banalización cosificadora de las relaciones sexuales, y de la ausencia de un mínimo sentimiento de culpa cuando se causa el Mal. Según la Memoria de la Fiscalía, no puede afirmarse que en los últimos años se haya producido un incremento de hechos de naturaleza delictiva por parte de menores de 14; si acaso con la excepción de las denuncias por acoso escolar y ciberacoso. Claro que la Fiscalía tampoco está en condiciones de evaluar el grado de gravedad de los delitos cometidos por preadolescentes ejercicio a ejercicio. En cualquier caso, la inquietud social no ha dado lugar, por ahora, a una reclamación expresa de que se rebaje la edad penal. Existe un amplio consenso entre juristas y educadores sobre la necesidad de abordar toda conducta de violencia o acoso mediante procedimientos de rehabilitación social con los que se trate tanto al preadolescente como a sus familiares, y en los que se impliquen tanto los servicios sociales como los centros escolares. Pero cuando aflora el delito afloran también las carencias de medios especializados en la prevención, detección, seguimiento y tutela de los más jóvenes malhechores.

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