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Algunas cuestiones sobre el pacto educativo

LA necesidad de alcanzar un pacto educativo es una idea que se repite como un mantra asumido que no admite discusión. Es complicado decir que se está en desacuerdo. El problema, y las posibles discrepancias, surgen cuando se quiere darle contenido concreto a un compromiso y se inicia el debate sobre qué problemas de la educación son más acuciantes y sobre las posibles medidas correctoras. Y, además, considerar cuáles serían los acuerdos de aplicación inmediata y cuáles deberían sobrevivir a los cambios de legislatura y vaivenes políticos.

No es una situación trivial como quiere presentársenos, y existen diferentes perspectivas para la educación y múltiples variables a considerar. De inicio, habría que aclarar si nos estamos refiriendo a la Educación en general, al proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en los centros educativos, a la necesidad de conformar un nuevo currículo para el siglo XXI, o a la estructura del sistema educativo, por señalar algunas cuestiones que serían prioritarias. Y aclarar, también, si el objetivo de la educación es formar personas con una educación integral o le damos prioridad a la inserción en el mundo laboral, como se deduce de algunos informes internacionales al uso y al abuso. Esto solo por señalar cuestiones diferentes, aunque interrelacionadas, que forman parte del complejo mundo de lo que llamamos la educación y que por lo tanto debieran ser analizadas y acordadas en ese posible pacto.

Por otra parte, sería necesario determinar el compromiso de las administraciones nacionales y autonómicas para llevar a cabo los acuerdos alcanzados. No basta con firmar un acuerdo, ya que el entramado mundo de las administraciones en el Estado de las Autonomías hace que muchos acuerdos y compromisos alcanzados se paralicen en algún nivel administrativo. Existen numerosos precedentes.

Complementariamente, se haría necesario por parte de las organizaciones políticas el compromiso de considerar las propuestas concretas de los profesionales, docentes y/o investigadores de la educación donde haya acuerdo casi unánime. Los años de experiencia profesional, docente e investigadora, y de participación en tareas de gestión dentro del ámbito educativo me permiten afirmar que las administraciones educativas, nacionales y de comunidades autónomas, no valoran ni tienen en cuenta los estudios y conclusiones que los expertos proponen para mejorar el sistema educativo. En la mayoría de las ocasiones a pesar de haberlas costeado.

Sería fácil recurrir a estudios solventes para comprobar que hay situaciones a corregir que se mantienen desde hace mucho tiempo. Los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales sugieren que el sistema educativo es manifiestamente mejorable. Pero también podríamos señalar diferentes trabajos de observación o experimentales para comprobar que en la gran mayoría de las aulas de todos los niveles educativos (primaria, secundaria y universidad) los métodos expositivos tradicionales y los contenidos curriculares han evolucionado muy poco, aunque ya no se utilice la tiza y la pizarra. O sí.

Existen trabajos de investigación que muestran importantes desajustes entre los materiales curriculares (escritos y/o digitales) y los organizadores de los currículos, mientras que la administración mira hacia otro lado y los aprueba sin realizar ningún análisis serio de los mismos y sin tener en cuenta los de los expertos al respecto. Y eso por no hablar de las competencias cuya referencia parece más una retórica modernista y anecdótica que una realidad concreta en las propuestas curriculares y cuyo significado sigue sin concretarse en las aulas. Algunos hablan del 'nuevo paradigma de las competencias' sin conocer el significado de ninguno de los dos vocablos. En relación al uso de las tecnologías en las aulas se han marginado las recomendaciones de los expertos y se sigue insistiendo en el hecho de considerar más importante la posesión de la herramienta que lo que se pueda hacer con ella en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje.

La formación permanente del profesorado está obsoleta desde hace muchos años, la ruptura entre la investigación educativa y la práctica profesional es evidente, y así otras situaciones que debieran ser objeto de reflexión y acuerdo por las administraciones. Todo ello debiera considerarse en el Pacto Educativo.

Adaptar la educación al siglo XXI exige partir del trabajo en el aula, de la consideración de la investigación educativa, del papel de la educación en una sociedad tecnológica y global que nos toca,. con argumentos sólidos para que este cambio sea posible y duradero, permitiendo 'aprender a aprender' como exige el futuro inmediato. Insistiendo en una educación integradora y colaborativa que permita y favorezca el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. Donde el aspecto laboral es una más de ellas.

Finalmente, recordaré la necesidad de entender que el motor esencial de todo cambio educativo son los profesores. Así toda propuesta no puede ni debe hacerse sin contar con ellos. Es necesario que asuman conscientemente el cambio como algo necesario, asumiendo la importancia de modificar actitudes, contenidos y procedimientos, de profundizar en la innovación educativa, y que el desarrollo profesional es un continuo necesario en la actividad docente. Este último aspecto es competencia de los docentes pero la administración tiene la obligación de favorecerlo haciendo que la profesión docente tenga la importancia que se merece en toda sociedad avanzada.