Hoy

Fin de las reválidas

El Gobierno pactó ayer con las comunidades autónomas el cumplimiento de una de las exigencias que le impusieron el PSOE y Ciudadanos para poner en marcha una subcomisión parlamentaria que siente las bases de un futuro pacto educativo: suspender el calendario de implantación de la Lomce «en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor -las reválidas- mientras se logra el pacto y entra en vigor la nueva ley de educación». Tras una reunión de apenas hora y media, el ministro y los consejeros han puesto fin a una guerra educativa que ha durado tres años, desde la promulgación de la ley Wert sin apoyo parlamentario alguno al margen del entonces hegemónico Partido Popular y con la oposición de toda la comunidad educativa. Según lo acordado, el próximo mes, el Gobierno promulgará un decreto ley que dispondrá que las reválidas de etapa, que habían de ser aprobadas para pasar de nivel, sean sustituidas en tercero y sexto de Primaria y en cuarto de la ESO por una mera evaluación diagnóstica del sistema, que sólo tendrá que llevar a cabo un número reducido de los centros educativos en cada comunidad -sin reflejo alguno en el expediente de los alumnos-, y, en el último curso de Bachillerato, por una simple prueba de acceso a la Universidad, a la que solo concurrirán los alumnos de segundo que vayan a cursar un grado, y que tendrá un diseño y unas características prácticamente idénticos al de la Prueba de Acceso preexistente. El pecado original de la ley Wert fue su arrogante falta de consenso, en unos tiempos en que existía conciencia generalizada de que los malos resultados relativos del sistema educativo español -en los célebres informes PISA- provenían sobre todo de la inexistencia de un modelo asentado y consolidado, puesto en marcha sobre un gran consenso político y social. Ha tenido que llegar una etapa sin mayorías absolutas para que aparezca la posibilidad de ese consenso educativo, que las fuerzas políticas han de esmerarse por conseguir. Después habrá que hablar de presupuestos y de financiación, ya que nuestro país está por debajo del promedio de los 35 países desarrollados que forman la OCDE.