Hoy

El club de los perdedores

LA democracia no es aritmética, como muchos suponen erróneamente, aunque exista, efectivamente, una aritmética electoral en materia de formación de mayorías. Muy poca cosa sería la democracia si todo fuera cuestión de sumar o restar; la democracia es algo más, mucho más que eso, es, como decía Adolfo Suárez, «Una creación de la razón y una construcción de la voluntad que entre todos, día a día, hay que arraigar y perfeccionar porque es el único camino para lograr la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad y para conseguir que los sentimientos y los intereses legítimos de todos los sectores del pueblo alcancen plena y armoniosa satisfacción».

Varias personas me han preguntado estos días qué opinión tengo sobre la legalidad o legitimidad de los llamados «Clubes de perdedores» o «Gobiernos Frankenstein», en el decir de Alfredo Pérez Rubalcaba, es decir, este proyecto de gobierno del cambio que preconizaba el dimitido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre la base de coaligar a los socialistas con las fuerzas de Podemos y demás populistas, nacionalistas y separatistas, con la finalidad de impedir el gobierno del partido que ganó las elecciones sin mayoría absoluta, el P.P.

Creemos que una mayoría así formada, 'prima faciae' podría tener una apariencia de legalidad, pero, en cualquier caso, se nos antoja anticonstitucional y, por ende, ilegítima, toda vez que existen partidos y grupos políticos en el seno de la misma cuyo objetivo es destruir España y su sistema democrático, pues una cosa es opinar libremente y otra muy distinta permitir el gobierno de aquellos que quieren destruir nuestra nación española y el sistema político que nos hemos dado los españoles.

Nos basamos en las doctrinas del filósofo J.J. Rousseau, uno de los padres de la democracia representativa. Señalaba el ginebrino que la «voluntad general» (la voluntad del pueblo) que reemplaza a la «voluntad del Rey», es la clave de bóveda del sistema democrático pues representa la voluntad de una nación o de un pueblo que se organiza en sociedad mediante un pacto o «contrato social» que determina el régimen jurídico-político y social por el que habrá de regirse para obtener el bien común de los ciudadanos. En nuestro caso, la Constitución de 1978 constituye el acuerdo básico de la «voluntad general» de la nación española, cuyo ejercicio se denomina «soberanía nacional» (gobierno del pueblo).

La «voluntad general», decía Rousseau, no es «la voluntad de todos», como pudiera parecer a simple vista, porque la «voluntad general» que nace del «contrato social» no es la suma de las voluntades particulares sino la resultante de un pacto entre todos los ciudadanos conducentes al bien común, que supone una renuncia a cualquier interés individual en nombre de los intereses colectivos. La «voluntad general» entraña «la verdad» de nuestro pueblo, las reglas de moral, incluso «la moral» misma y «la razón» para alcanzar el bien común.

Rousseau partía de la base de que cada persona tiene sus propios intereses y su propia voluntad, que pueden no ser coincidentes con el interés y la voluntad general, porque, de hecho, puede tratarse de intereses muy opuestos y perjudiciales para el interés común. La «voluntad de todos» no representa más que la suma de aquellos intereses particulares que buscan el mismo objetivo, pero que pueden ser contrarios a la «voluntad general» expresada en la Constitución y que solamente acoge aquellos intereses conducentes al bien común de nuestra sociedad.

De tal suerte que aquellos partidos políticos, grupos o coaliciones que buscan derribar la Constitución vigente para trocear la soberanía nacional y romper la unidad de España, estableciendo un régimen comunista de signo populista, se encuentran claramente al margen y en contra de la «voluntad general» de la nación española, siendo movimientos ilegítimos por anticonstitucionales, como articulados sobre intereses bastardos contrarios al interés general de España; eso, además de haber perdido las elecciones todos ellos. Solamente pueden existir mayorías legítimas las que se sitúan dentro del marco constitucional español, auténtica expresión de la «voluntad general» de nuestro pueblo.

Una democracia no puede consentir el ejercicio del poder, que es un acto de soberanía, siendo ésta el ejercicio de la voluntad general de los españoles, a formaciones políticas que pretendan acabar con España y su régimen democrático. Si hay algo que reformar, siempre para mejorar, nuestras leyes establecen los mecanismos necesarios para la reforma.