Hoy

DESCONCERTADOS

«Se comunica a todos los padres y madres que el nuevo uniforme escolar se podrá adquirir, única y exclusivamente, en el centro educativo. Pueden informarse en la secretaría del centro».

¿Los centros concertados que venden uniformes lo hacen al precio de coste, para así demostrar, con su ejemplo, la infinita bondad de su ideario religioso, de su darse a los demás? Me temo que no, que de esa partida textil se embolsarán un buen pellizco, cosa que se aseguran obligando a los padres a adquirir los uniformes en el centro o, en otros casos, que de todo hay, haciendo convenios, por ejemplo, con el Corte Inglés, cuando hablamos de centros gestionados por congregaciones religiosas de carácter nacional.

Según la OCU, el 91% de las escuelas concertadas obliga al pago de cuotas. Los centros concertados reciben subvenciones de dinero público para pagar los salarios de los docentes, para los gastos de mantenimiento, de personal de administración y servicio, de monitores de AFC; por tanto, si un centro concertado le saca un euro a un alumno está incumpliendo la ley, donde queda claro que los centros privados concertados deben ser gratuitos para los padres. Sin embargo, estos centros sacan tajada de la venta de uniformes escolares, de material deportivo (chándales principalmente), de material escolar, de aportaciones a fundaciones o asociaciones, de actividades extraescolares, de servicios complementarios… y, claro, también de las donaciones “libres” que muchos padres se ven forzados a hacer por aquello de no quedar en evidencia. La media anual de estos cobros alcanza la cuantía, según la OCU, de 500 euros. En algunos casos esta cantidad se duplica y, por tanto, en otros se reduce.

El estudio de la OCU también estimó que el coste anual de un centro concertado es de 3.700 euros y el de uno público 2.180, es decir, un 70% más caro el concertado. Pese a que la Administración, torciendo la realidad, siempre dicen lo contrario o lo insinúan.

Reciben dinero público pero su mentalidad sigue siendo privada y sus objetivos pasan siempre por la recaudación y la evangelización. Los centros concertados, me refiero a los religiosos –la mayor parte–, tienen lo que llaman «plan de acción pastoral» o, simplemente, «pastoral», donde se presentan como «centros evangelizadores» cuyo objetivo principal transita por los caminos de la fe. Ríete tú de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

No podemos olvidar que la educación privada es un negocio y, como tal, es perfectamente legal. Pero el ciudadano que quiera una educación privada debe asumir su coste y el que quiera una educación pública la tiene gratis; para eso se pagan impuestos. Un Estado tiene que defender los servicios públicos por encima de todo y si no lo hace está perjudicando, seriamente, las estructuras básicas del País.

El mismo criterio para concertar un centro privado podría establecerse para concertar un supermercado. Si un carnicero abre un supermercado en una barriada o en un pueblo cuyos habitantes no disponen de este servicio y pidiera que se lo concertaran ¿sería posible? Me temo que no, ¿vedad? Pese a que comer es una necesidad del ciudadano tan básica, como la educación.

Hace más de 30 años, la falta de centros públicos, como consecuencia de las cuatro décadas de retraso que trajo la dictadura, provocó que, con el aumento de la demanda de escolarización, se concertaran unidades con centros privados para salir del paso. Pero la situación debió de ser temporal, mientras la red pública se ampliaba. De hecho, el artículo 27.5 de la Constitución dice que los poderes públicos deben garantizar la creación de centros docentes. Por tanto podemos considerar la concertación como un grave desajuste del sistema democrático, que no ha conseguido compensar la falta de inversión en educación pública, y convierte los conciertos, que nacieron con carácter transitorio, en algo permanente y, lo que es peor, ampliable.

La concertación debió desaparecer, progresiva y proporcionalmente, a medida que se iban contrayendo los centros necesarios comprometidos en la Carta Magna, hasta abarcar la totalidad de los alumnos. Para así, llegar a la situación ideal que debe promover un Estado democrático; la existencia de dos vías que aseguren la elección de centros por parte de los padres: la vía pública y la vía privada. Pero ningún partido político ha tenido la altura democrática suficiente para corregir esta anomalía.

Nuestra organización sindical propuso, hace meses, a los diferentes partidos políticos presentes en la Asamblea de Extremadura, que promoviesen una propuesta de impulso para terminar con los conciertos educativos en nuestra comunidad. Convertir los centros concertados en públicos, de forma progresiva, era (y es) el planteamiento, asegurando el puesto de trabajo de los profesores de la concertada hasta su jubilación (cosa que ahora no tienen asegurado). Cada vacante nueva, cada sustitución o cada jubilación producida deberían ser ocupadas, con este nuevo diseño, por docentes de la pública, en sus diferentes situaciones administrativas: funcionarios de carrera en comisión de servicio o por concurso de traslados, funcionarios interinos… Con esta metamorfosis todos salen ganando: los profesores de la concertada blindan su puesto de trabajo, y los de la pública acceden, poco a poco, a los centros reconvertidos en públicos.

Los centros privados concertados que no aceptaran esta medida dejarían de recibir financiación pública y se cancelaría el concierto educativo. Pasarían a ser centros estrictamente privados y tendrían que financiarse, por tanto, con las cuotas de los padres de los alumnos y con los recursos que, dentro de la iniciativa privada, estimasen oportunos.

Alfredo Aranda Platero

Vicepresidente de PIDE

Sindicato del Profesorado Extremeño