Profesorado de Bachillerato y política educativa

Muchas son las causas que han empujado al profesorado a sentir esta desafección hacia su trabajo. Una es la ingratitud misma de la tarea, máxime en el ambiente desquiciado, irrespetuoso y de bajísimo nivel académico como el que impera hoy en los institutos; también la consideración social del profesorado, al que se le cuestionan sus criterios profesionales o cuenta con una remuneración económica baja. Igualmente, a veces son difíciles las relaciones con padres, compañeros y otros responsables de la administración educativa. Desde la perspectiva profesional, ha experimentado una igualación descendente con el diplomado en Magisterio y el profesorado de Formación Profesional, a la par que ha visto cómo ha desaparecido el cuerpo de catedráticos o se le ha cerrado el acceso a la universidad (incluso para los que cuentan con el grado de doctor). También se ha pervertido el sistema de acceso al cuerpo de profesores, habiéndose sustituido las oposiciones de antaño por un concurso de méritos, que primero te hace sustituto, después interino y, con los años, funcionario autonómico. Todo en su conjunto ha vuelto ingrata la profesión, sólo compensada por sus vacaciones o una jornada laboral de no mucho más de veinte horas semanales.

Todas estas circunstancias el profesorado las viene sufriendo en un contexto marcado por los continuos cambios en la legislación educativa, incluso en los contenidos y metodología de las asignaturas (pensemos en la incorporación de las nuevas tecnologías al aula, ordenadores, pizarras digitales o sustitución del libro en papel por el electrónico). A pesar de todo, la última huelga estrictamente corporativista se produjo en la primavera de 1988, en la que al profesorado se le aplicaron reducciones importantes en nómina y que sirvió de correctivo para la aceptación del nuevo modelo educativo, que lesionaba lo que había venido siendo su dedicación, y que en la práctica se concretó en la universalización de la educación obligatoria hasta los dieciséis años y en la reducción del Bachillerato a dos años, con una importante merma en la calidad educativa. Dicha reforma se emprendió con los gobiernos socialistas de Felipe González y ha sido un modelo que el Partido Popular no ha modificado cuando ha gobernado (tampoco los gobiernos regionales). Aquella huelga, seguramente en connivencia con los sindicatos de la enseñanza, sirvió de vacuna para que el profesorado no se atreviese a rechistar ante su futuro, y de hecho ya no lo hizo.

Esta política educativa no ha contado, en general, con la aprobación del profesorado, a excepción de aquel sector (muy ideologizado) que participó en la puesta en marcha de estos planes, aunque fueron luego esos mismos profesores los primeros en escapar de las aulas, hacia inspecciones, centros de profesores, cargos públicos en concejalías, diputaciones, parlamentos autonómicos. Cabe ver que las nuevas leyes fueron dictadas por criterios políticos ajenos a los educativos, y ello seguramente sea la raíz de los males que afectan a la educación, el desplazamiento del centro de gravedad desde la enseñanza a la instrumentalización política de la Educación en pro ello de una cierta igualación social que prioriza no la calidad, sino conceder más oportunidades de titulación al alumnado socialmente más desfavorecido, para lo que se redujo el Bachillerato a dos años y bajaron notablemente los niveles de exigencia, aun a sabiendas de que la diferenciación académica, y por tanto social del alumnado, no se evita al disponer aquellas familias de mayores recursos siempre de un mejor acceso de sus hijos a estudios últimos, como puedan ser universidades privadas, estudios de post-grado, máster, formación en el extranjero, etc. Con tal política solo se ha retrasado la edad de segregación del alumnado, pero no se ha sustituido un criterio segregador por origen socio-familiar por otro meritocrático. El resultado más grave de todo lo hasta aquí expuesto ha sido sin duda la merma sufrida en la calidad de la enseñanza, lo que los informes Pisa atestiguan, una formación humana y académica pésima para el desarrollo económico y social de la nación.

Dicha política educativa es claramente la causante de esta deplorable situación. Si durante un tiempo la enseñanza en España estuvo marcada por la superación de las viejas estructuras y prácticas procedentes del franquismo, que se consignó en '', ahora igualmente ocurre, urge acabar con todas las rémoras y resistencias legislativas, ideológicas, económicas, etcétera, implantadas desde la administración educativa democrática, pues están imposibilitando a la juventud el alcanzar capacidades y herramientas intelectuales que les permitan encontrar su lugar en esta sociedad. Se necesita más que nunca abrir un tiempo nuevo en Educación.

Sólo señalar ya la otra consecuencia (menos comentada) que ha sido el perjuicio producido en el profesorado. Resulta encomiable que en los docentes aún persista un compromiso con su dedicación, y que mantengan, a pesar de tanto menosprecio, una voluntad por mejorar académica y educativamente al alumnado. Es un mérito impagable que en un contexto profesional como el que soporta, el profesorado continúe en su día a día invariablemente dispuesto a dar lo mejor de sí dentro del aula.