El próximo inquilino de La Moncloa gestionará el fin de ETA

El Gobierno no va a dar ningún paso tras el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA. Ni traslados de presos ni excarcelaciones ni revisión de la doctrina Parot ni legalización de Sortu ni nada de nada antes de las elecciones. Las decisiones las tendrá que tomar el presidente del Gobierno y el Parlamento que salgan de las urnas el 20 de noviembre. El portavoz gubernamental, José Blanco, confirmó que el próximo Ejecutivo será el que tenga que "gestionar el nuevo tiempo" que se ha abierto tras el paso dado por la organización terrorista.

Esta pasividad frente a ETA y la izquierda abertzale no es un capricho o una decisión unilateral de José Luis Rodríguez Zapatero sino que es fruto de las conversaciones que ha mantenido con Mariano Rajoy y con Alfredo Pérez Rubalcaba, en las que los tres convinieron dejar en manos del próximo inquilino de la Moncloa y del Congreso que se constituirá en diciembre la gestión del final de ETA. Este Ejecutivo, aseguró Blanco, no va a mover ficha, ni siquiera, a diferencia de lo que va a hacer el lehendakari Patxi López, va a abrir una ronda de partidos con los partidos.

Para el Gobierno, el comunicado de ETA es "la derrota del terrorismo", pero se va a quedar ahí en el mes que resta hasta las elecciones y en las semanas que estará en funciones. La avalancha de preguntas formuladas al portavoz tras la reunión del Consejo de Ministros sobre presos de ETA, ilegalizaciones de Amaiur, legalización de Sortu o cualquier otra iniciativa recibieron una respuesta invariable: "no toca hablar de eso" o "esas son preguntas que no tienen respuesta".

Estrategia pactada

Un mutismo que obedece a una estrategia pactada por Zapatero, Rajoy y Rubalcaba, que han mantenido varias conversaciones telefónicas en las últimas horas, según confirmaron fuentes gubernamentales. El presidente del Gobierno habló con el líder de la oposición para hacer un análisis conjunto del texto de la organización terrorista y pactaron una respuesta pública en términos muy similares. Rajoy también ha hablado con Rubalcaba para mantener un discurso sin discordancias.

Pese a esta inactividad, el Ejecutivo tenía, según fuentes del Ministerio del Interior, diseñados "todos los escenarios" de política penitenciaria por si se producía un anuncio del final de la violencia, pero no va a poner en poner en práctica ninguno de ellos para no hipotecar la actuación de los próximos gobernantes. "La noticia más esperada de la historia de la democracia", en palabras de José Blanco, se quedará por tanto sin respuesta gubernamental inmediata.

El portavoz y ministro de Fomento se permitió, además, dar consejos a los gobernantes que tengan que gestionar el proceso. Les instó, sean del PP o del PSOE aunque más parece que vayan a ser del primer partido, a que actúen con "firmeza, prudencia y unidad" como ha hecho, a su juicio, el Gobierno de Zapatero. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, también abogó desde Valencia por mantener la unidad antiterrorista después del 20 de noviembre, objetivo en el que es fundamental "el diálogo entre los partidos".

El aspirante del PSOE a la Presidencia del Gobierno tampoco quiso mojarse sobre los pasos a dar a partir de ahora porque "no es quién para decir lo que hay que hacer". La estrategia, añadió, es una "tarea de todos". La política penitenciaria, en concreto, habrá que desarrollarla "con el mismo criterio" que hasta ahora, es decir "con la unidad" aunque sea el Gobierno que gane las elecciones el que deberá dirigirla.

Discrepancias

Pero que las cosas han cambiado quedó de manifiesto cuando Blanco, interrogado sobre su parecer ante la afirmación de la izquierda abertzale de que el paso dado por ETA no implica la solución del "conflicto" vasco, señaló que "las discrepancias políticas están dentro de la normalidad democrática". En cualquier otro momento anterior, el portavoz del Gobierno hubiera contestado con una frase desabrida o con una exigencia a la izquierda abertzale para que la organización terrorista renunciara a la violencia. Ahora consideró que se tratan de discrepancias y que "lo importante es que a partir de ahora solo habrá política y no terrorismo".

La pasividad del Gobierno ante el gesto de ETA no quiere decir que se vaya a quedar cruzado de brazos. El estado de derecho, afirmó Blanco, "va seguir funcionando" y el Ejecutivo "va a seguir gobernando" hasta el último día. Aviso que corroboró el ministro del Interior, Antonio Camacho, quien además de homenajear el trabajo "impagable" de la Policía y la Guardia Civil contra ETA, advirtió que las fuerzas de seguridad van a mantener "con la misma intensidad" su labor antiterrorista y no dejarán de perseguir a los miembros de la organización.

Camacho se reunió hoy con los mandos de los dos cuerpos de seguridad para valorar el comunicado de ETA y analizar la situación creada con el cese de la violencia. La conclusión, según el ministro, es "seguir trabajando con el mismo rigor" para que España "pueda seguir avanzando sin la losa del terrorismo". Sólo, prosiguió, "se ha terminado una parte de la tarea", pero queda la fase "más compleja", garantizar el cumplimiento de las leyes e impedir un retorno de la actividad terrorista.

Desde el frente judicial también se lanzaron mensajes de continuidad en la persecución de ETA. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, garantizó hoy que el Ministerio Público "va a seguir firme, con la misma función que todos estos años, que no es otra que continuar con la investigación criminal al margen de los contextos y de los vaivenes políticos".