La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, durante la reunión que ha mantenido con los dirigentes de los servicios públicos y para la ciudadanía de UGT y CCOO y con el responsable del sindicato de funcionarios CSI-CSIF. / Efe
La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, ha asegurado que la rebaja salarial media del 5% a los empleados públicos de todas las administraciones afectará no sólo al salario base y a la antigüedad, sino también a los complementos de destino y específicos.
Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa General de la Función Pública, que -según dijo Rumí- fue convocada para "cumplir" con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por su parte, los dirigentes de los sindicatos de la Función Pública UGT, CCOO y CSI-CSIF han calificado de "burla" esta reunión, porque no se les ha concretado a qué colectivos afectará el recorte y en qué medida. No obstante, han insistido en que recurrirán el decreto-Ley porque es "discriminatorio", no tiene garantías de "ecuanimidad" y vulnera el derecho a la negociación colectiva, además del derecho individual consolidado a un determinado salario.
La secretaria de Estado ha asegurado que el recorte salarial se aplicará partir del 1 de junio en cada una de las nóminas hasta la de diciembre, incluida la paga extra de Navidad, aunque no afectará a la paga extra de junio. Ha explicado que la medida no tiene carácter retroactivo y ha detallado que el recorte para el sueldo básico y los trienios tendrán una escala gradual según las retribuciones de cada grupo, en tanto que los complementos de destino y específicos tendrán una "afectación fija", que no ha aclarado.
Rumí ha asegurado que la medida no vulnera el Acuerdo de la Función Pública 2010-2012 y sólo suspende la aplicación de los artículos que se refieren a la revisión salarial. En este sentido, ha recordado que el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público permite al Gobierno suspender excepcionalmente el cumplimiento de determinados acuerdos por "causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas". "Este es el apoyo normativo" con el que cuenta el Gobierno para tomar esta medida, ha advertido, tras valorar el esfuerzo que tendrán que hacer "los casi tres millones de empleados públicos del país" y reconocer la importante labor de "policías, maestros, bomberos y funcionarios que nos ayudan a resolver muchos problemas".
