Denuncian la proliferación de casas ilegales en Garganta la Olla

Panorámica general de la localidad. :: hoy
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Un vecino entrega en el juzgado 17 informes sobre presuntas irregularidades urbanísticas en el pueblo

A.A. CÁCERES.

Hace tres años que Carlos Fernández Fernández se compró una parcela en Garganta la Olla, el pueblo de su mujer, y casi desde entonces mantiene un conflicto con el Ayuntamiento de este municipio cacereño a causa de las obras que quiere hacer en su terreno. Se siente discriminado, entre otros motivos porque cree que el Consistorio no está obrando con él como lo ha hecho en los últimos años con numerosos vecinos a los que les ha permitido legalizar sus construcciones. Todo ello le ha llevado a presentar una denuncia en el juzgado de Navalmoral de La Mata. Lo hizo el pasado día 17, y en ella aporta un cedé «con documentos -expone ante esa instancia- para que si procede, se pueda abrir una investigación».

Lo que contiene ese soporte son 17 informes, en la mayoría de los casos con dos partes. Por un lado, los expedientes urbanísticos que le ha facilitado el Ayuntamiento. Y por otro, fotos que muestran esas propiedades antes y después de las reformas. Trata así de demostrar que las licencias concedidas no se corresponden con las obras realizadas.

Esto último (tener autorización municipal para una determinada reforma y hacer otra, habitualmente más grande y costosa) lo hizo el propio denunciante, y ello motivó el inicio del conflicto. En noviembre de 2014, el Ayuntamiento le autorizó la «reparación y saneado de caseta agropecuaria existente y adecuación de acceso a la parcela». Cuatro meses después, el técnico municipal de urbanismo visitó la finca y determinó que lo que se estaba haciendo excedía lo autorizado. Le concedieron al promotor dos meses para que presentara un proyecto de legalización. Lo hizo, y en un segundo informe, el mismo técnico consideró que con ese nuevo proyecto, «la legalización podría ser viable».

EN PRIMERA PERSONACarlos Fernández Denunciante «Es inexplicable que no me dejen legalizar la obra, estoy sufriendo una persecución total» Eduardo Gómez Alcalde de Garganta la Olla «Estamos bien tranquilos, no hemos hecho nada mal, la justicia dirá quién lleva razón»

Sin embargo, el Consistorio entendió que había contradicciones entre el primer y el segundo informe del técnico, y encargó un estudio a la OGUVAT (Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio) de la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera. El equipo técnico visitó la obra, y concluyó que el almacén agrícola inicial ya no tenía 32 metros cuadrados por planta sino 50,7. El informe añadía que en el interior se habían levantado tabiques y había varias estancias, además de mobiliario e instalaciones propias de una cocina. También aseo, ducha, escaleras o inodoro, entre otras. Y en el exterior, un cuarto de ocho metros cuadrados adosado a la caseta y unas placas solares. «Todo parece indicar -concluyó la Mancomunidad- que las obras que se están realizando van encaminadas a dotar de uso residencial al inmueble en cuestión». La parcela ocupa suelo calificado como no urbanizable protegido agropecuario y forestal.

«En la parcela no tenemos ni luz ni agua ni alcantarillado, y de hecho estamos pagando un piso alquilado en el pueblo», asegura Carlos Fernández, que asume que se equivocó al hacer más reformas de las que le habían autorizado, aunque añade que lo fundamental en su caso es que esa obra es legalizable. Lo es, explica, porque tras comprar y escriturar tres parcelas anexas, la superficie resultante «es superior a las 0,75 hectáreas de parcela mínima en áreas de cultivo». Según este argumento, al superar esas proporciones ya sí tiene derecho a una edificación mayor que la caseta de aperos. Añade que la legalidad de este planeamiento la certificaron los técnicos de la Mancomunidad en una reunión celebrada en mayo. De hecho, estas explicaciones figuran en un escrito que Fernández dirigió el mes pasado al Ayuntamiento de Garganta la Olla, que a su vez le tiene denunciado a él por la presunta infracción urbanística en su parcela, un caso que tramita el Juzgado de primera instancia e instrucción número tres de Plasencia. De hecho, el informe de la OGUVAT de octubre del año pasado se hizo a requerimiento de este juzgado.

Fernández afirma que el hecho de llevar al juzgado un cedé con documentación sobre 17 viviendas es para demostrar que a él se le está tratando de modo discriminatorio. De hecho, en un texto remitido al alcalde le acusa de estar «poniendo obstáculos al negarse maliciosamente a resolver el expediente». «Es inexplicable que no me dejen legalizar la obra», lamenta. «Lo que pasa aquí es un escándalo, estoy sufriendo una persecución total y para defender mis derechos no me ha quedado otra solución que llevar al juzgado esos 17 expedientes», afirma Fernández, que asegura haber planteado su caso a técnicos de la Junta de Extremadura. También, añade, ha hablado con María Victoria Domínguez, dada su condición de diputada regional por Ciudadanos, partido al que pertenece el alcalde de la localidad. Y comenta haber escrito a Albert Rivera, líder nacional de la formación, que aún no le ha respondido.

Algunos ejemplos

Entre los expedientes que el denunciante ha recopilado -tiene otros aparte de los 17 presentados al juzgado- figuran casos como el de un vecino al que el Consistorio autoriza a revocar una fachada y que, según el denunciante, acabó añadiendo una estancia más a su propiedad. O el de otro cuya casa no respeta la distancia mínima que hay que guardar respecto a una garganta natural cercana. O un tercero que ha utilizado los escombros de una obra para hacerse un camino. O el de un cuarto que necesitaba alcanzar un determinado número de hectáreas para poder legalizar su vivienda y lo que hizo fue ir sumando las de parcelas colindantes que no son suyas, según Carlos Fernández.

Algunos de estos casos ya los conoce el alcalde de Garganta la Olla, pues según explica, el Consistorio ya remitió a la Fiscalía «seis o siete expedientes» sobre posibles irregularidades urbanísticas en la localidad. «Algunos de esos casos que él denuncia ya lo hemos denunciado nosotros, y otros no porque cada vivienda tiene su expediente, y algunas están aún en fase de poder subsanar las irregularidades», argumenta Eduardo Gómez. «En el Ayuntamiento -afirma el regidor- estamos bien tranquilos, no hemos hecho nada mal, y la justicia dirá quién tiene la razón». «Él cometió una ilegalidad y por eso llevamos su caso a la Fiscalía, igual que hemos ido haciendo con otros», amplía el alcalde. «Nosotros no hemos ocultado nunca nada, ni antes -él fue teniente de alcalde en la legislatura anterior con el Partido Popular- ni ahora, y lo que está claro es que si el ayuntamiento te da licencia para una cosa, pues tienes que hacer eso y no otra cosa».

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