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Antonio J. Armero
Martes, 13 de diciembre 2016, 23:49
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«Recuerdo que de pequeño mi abuelo me llevaba a ver los pinares del pueblo, y él tiraba la colilla del cigarro al suelo y no pasaba nada, porque había tierra». Juan Carlos García Delgado (52 años) recurre a la memoria para ilustrar el cambio a peor que han vivido los montes de Descargamaría, en la Sierra de Gata. Ahora es él quien lleva a su hijo a conocer el paisaje. Le enseña lugares en los que nadie con sentido común dejaría caer un pitillo, porque ya no hay tierra bajo los pies. Su sitio lo ha ocupado la maleza, que domina el valle del Árrago hasta tal punto que «el día que entre el fuego, no hay quien lo pare».
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Ese temor suyo es compartido en el municipio cacereño, que en la última década ha perdido un cuarenta por ciento de su población -sumaba 255 vecinos empadronados en el año 2005 y ahora tiene 147, según el INE- y que es consciente de que puede quedarse también sin su monte. Sin los pinares que lo rodean. Los que durante décadas hicieron de él uno de los pueblos más prósperos de Extremadura, gracias fundamentalmente a la madera y a la resina, y que ahora son una amenaza evidente. Está asumido que si no se hace nada, si no se actúa sobre el paisaje, este arderá, antes o después. Por eso ha surgido la iniciativa de declararlos monte protector, es decir, cedérselos a la Junta para que ella los gestione, los limpie y así se reduzca el riesgo de sufrir un incendio forestal importante, una situación que conocen bien en el pueblo.
Los ecos del último incendio
En 1991 perdieron miles de hectáreas, en un fuego que empezó en Torrecilla de los Ángeles y que quemó más de siete mil en la zona. En 1998 ardieron más de 1.100. Al verano siguiente, 850. Y antes, en los ochenta, también miles en decenas de incendios. Sin embargo, el término municipal se salvó del que se llevó por delante casi ocho mil hectáreas en la comarca el verano del año pasado. Pero el suceso despertó algunas alarmas. «El último verano -recuerda Juan Carlos García-, entre unos cuantos empezamos a comentar que había que hacer algo si queríamos salvar nuestros pinares».
Él vive en Santander, pero siente que su pueblo es el de su abuelo, el de sus padres y el de su infancia, al que vuelve cada Semana Santa, cada verano, cada Navidad. Como tantos de su generación, hijos o nietos de los que vivieron de esos pinares ahora abandonados. El mes pasado, en el puente festivo de Todos los Santos, unos 25 propietarios de terrenos -solo una decena de ellos reside en la localidad- se reunieron en el pueblo para intentar ir dando forma a aquello que habían comentado por encima meses atrás. Acordaron dar un paso adelante, y Juan Carlos García se puso al frente. «Llamé por teléfono a la Junta de Extremadura -recuerda-, les pregunté qué podíamos hacer y me comentaron que lo mejor sería la declaración de monte protector». Desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio le remitieron la documentación, y él abrió una página en Facebook (Montes Protectores Valle del Árrago).
En ella explica qué es un monte protector, una figura que se sustenta en dos pilares legales: la Ley de Montes y la Ley Agraria de Extremadura. La norma es bastante laxa en cuanto a los requisitos que ha de cumplir un paraje para ser declarado monte protector. Casi cualquiera con un mínimo de valor medioambiental puede serlo, lo que facilita el trámite con la administración autonómica, que es la que debe conceder esta catalogación.
En el caso de Descargamaría, las dificultades no vienen por el lado de la burocracia. El problema principal es encontrar a los dueños de los terrenos. Los pinares del pueblo -también hay encinas y alcornoques, pero pocas- ocupan unas cuatro mil hectáreas, entre las que hay centenares de propietarios. Ni Juan Carlos García ni en el Ayuntamiento tienen claro cuántos, pero muchos. Doscientos, trescientos... Y algunos de ellos ni siquiera saben que son dueños de esas pequeñas fincas, pues en muchos casos se trata de segundas generaciones de quienes trabajaron esas tierras. «En el pueblo nos conocemos todos, y aún queda gente mayor que nos puede ayudar a localizar a cuantos más mejor», plantea García, que confía en dar «con la mayoría de los propietarios».
A él le ocurre como a tantos otros: gracias a las escrituras de propiedad y el Sigpac -una aplicación informática que permite localizar parcelas en un mapa- pueden ubicar su propiedad, pero no podría llegar a ella. Porque los caminos que había han desaparecido. Porque los mojones que se usaban para separar parcelas están ocultos. Y porque la maleza acumulada ha convertido a los pinares en una selva casi impenetrable.
Esto significa que incluso en el hipotético caso de que un propietario quisiera limpiar su parcela para reducir el riesgo de incendio, probablemente no la encontraría. Y si lograse ubicarla, posiblemente no podría llegar hasta ella. Y si lo consiguiera y la limpiara, tampoco le valdría de mucho en caso de que llegara el fuego, porque todas las que la rodean están sucias. «El problema -resume la web del proyecto en Facebook- adquiere tal dimensión que hace imposible que se pueda abordar de forma individual, imponiéndose la solución colectiva como la única manera de impedir que los pinares de Descargamaría se quemen y desaparezcan para siempre».
«La idea es muy buena»
La idea es «muy buena», en opinión de José María García, alcalde de la localidad por el PP. «Ya antes de que surgiera esta iniciativa, yo le había comentado el tema al ingeniero de la Junta que atiende esta zona, y él ya me dijo que la mejor opción es ser declarado monte protector», apunta el regidor, que es el primero en admitir que el pueblo corre un peligro importante. «Cuando el incendio del año pasado en Gata, ya se lo dijo al entonces consejero», recuerda. Y ahora repite el aviso: «Como el fuego llegue a entrar en el valle del Árrago, se lo lleva todo por delante, casas incluidas, y Robledillo de Gata, que tiene prácticamente los árboles encima de las casas, corre el mismo riesgo que Descargamaría». «Además de la cantidad de pinos que hay -añade-, ocurre que aquí no hay un cortafuegos ni una pista forestal, no hay nada; y si se llega a prender, los medios terrestres no podrían llegar de ninguna manera».
Las fincas que son de propiedad municipal están limpias, asegura él, pero de poco vale esto si las de alrededor están repletas de combustible. «En verano -dice el alcalde-, hasta me cuesta dormir, porque sabemos que esto es peligrosísimo, y es una pena pensar que el paisaje tan bonito que tenemos se pueda perder en un solo día».
Que eso no pase es el gran objetivo de Juan Carlos García, del alcalde y de todos los que se han sumado a la idea del monte protector, una figura aún por explorar en la región y que plantea dudas. Entre otras, cómo se repartirían unos hipotéticos beneficios derivados de la explotación de esas parcelas privadas pero de gestión pública. La ley concede a la administración el derecho a ocuparse del monte que le han cedido, y a los dueños les reconoce a su vez el derecho a los aprovechamientos forestales derivados de esa gestión.
En cualquier caso, si la iniciativa llega a buen puerto todo quedará claro en un contrato entre las partes. Para que pueda ocurrir esto, los propietarios de terrenos deben constituir una asociación o agrupación que ejerza de interlocutora con la Consejería. Y en este punto está el proyecto, que tiene un claro componente emocional. Juan Carlos García lo resume: «Nos hemos criado -apunta- viendo esto verde, y queremos seguir viéndolo así».
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