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El PP pide al equipo de gobierno que indemnice ya a la familia de Jorge Daza

  • Estima que debe abonar 615.000 euros de los 950.000 que dictó el tribunal, al asumir ese porcentaje de responsabilidad

El PP pidió ayer al gobierno municipal que abone ya a la familia de Jorge Daza la indemnización que debe percibir por el accidente que el joven sufrió en abril del 2012, al reconocer el Ayuntamiento una parte de responsabilidad de lo ocurrido en el recurso que ha presentado a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres que fija la cantidad a abonar en casi 950.000 euros.

Así lo manifestó el secretario general de los populares moralos, Jaime Vega, por entender que "no hay que prolongar más el sufrimiento de la familia esperando a que se resuelva el recurso".

La cantidad que debería pagar el Ayuntamiento es de 615.000 euros, el 66,67% de la indemnización fijada por los tribunales, toda vez que esa es la parte de culpa que reconoce el Ayuntamiento, según dijo.

Sobre este tema hay que recordar que en el pleno de septiembre se aprobó una modificación de crédito por importe de 300.000 euros para consignar esa cantidad -que parece se hará esta semana- a la familia del joven que quedó tetrapléjico tras sufrir una descarga al apoyarse en un armario eléctrico cuando intentaba saltar la valla del colegio Campo Arañuelo.

A ello se sumarían los 150.000 euros adelantados por el seguro, por lo que el consistorio debería añadir unos 200.000 euros.

Asimismo apuntó que una vez se falle el recurso el Ayuntamiento debe emprender las acciones legales oportunas para pedir responsabilidades a la empresa encargada del mantenimiento del cuadro eléctrico donde se produjo la descarga.

Vega criticó, igualmente, la falta de transparencia que a su juicio ha vuelto a evidenciar el gobierno municipal, al no haberles facilitado ni la sentencia ni el recurso, que conocieron por el diario HOY.

Felicitación a la Guardia Civil

Con anterioridad el secretario general del PP local felicitó a la Guardia Civil por la actuación realizada en los últimos días al detener al presunto autor del incendio que quemó los cerros a mediados de agosto, «poniendo en peligro no solo el patrimonio sino incluso la vida de las personas».