Pizarro dice que se subirá el sueldo a las auxiliares de domicilio que lo reclamen

Protesta que las auxiliares realizaron en 2015. :: hoy/
Protesta que las auxiliares realizaron en 2015. :: hoy

Insta al presidente de la Junta a reflexionar sobre la conveniencia de dar una solución de futuro «a este servicio necesario»

ANA B. HERNÁNDEZ PLASENCIA.

«Todas las trabajadoras de ayuda a domicilio que soliciten al Ayuntamiento la equiparación de sus salarios a la categoría E recibirán este beneficio al existir jurisprudencia al respecto», declaró ayer el alcalde, Fernando Pizarro.

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Por eso las 53 auxiliares de ayuda a domicilio que han acudido a la vía judicial para reclamar una mejora de sus sueldos, como ayer contó HOY, deberán presentar solo la petición en el Ayuntamiento para lograrlo. Porque ya hay jurisprudencia al respecto. El primer edil placentino considera que la sentencia del pasado abril del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que dio la razón a las primera auxiliares que acudieron a la vía judicial para lograr una mejora en sus sueldos, se debe cumplir en los casos posteriores que surjan.

«La diferencia entre las trabajadoras actuales y las de años anteriores es precisamente la sentencia judicial», argumentó Pizarro. De hecho, a pesar de considerar entonces que «la solicitud de las trabajadoras era totalmente justa, legalmente estábamos atados», recordó. Ahora, al existir jurisprudencia, no sólo las trabajadoras que entrarán a trabajar con los próximos planes de empleo recibirán el salario que reclaman, el que corresponde al grupo E, sino que también lo tendrán las que actualmente realizan el servicio de ayuda a domicilio «previa solicitud por registro en el Ayuntamiento».

«Es preciso ya que Junta y ayuntamientos nos sentemos a hablar de la ayuda a domicilio»

Es el motivo por el que no tendrán que celebrarse los juicios previstos para esta semana y la siguiente como consecuencia de las demandas presentadas por 53 auxiliares. Porque según señaló ayer el alcalde, basta con que la reclamación sea presentada en el Ayuntamiento para que sea atendida.

Cabe recordar que hasta que no ha llegado el pronunciamiento favorable de la justicia, las auxiliares domiciliarias, que se contratan a través de los planes regionales de empleo, percibían la cuantía económica que llegaba por parte de la Junta. Puesto que la ayuda a domicilio, como ayer quiso recordar Pizarro, no es una competencia municipal y, por tanto, no es una categoría laboral incluida en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Plasencia. Es el motivo por el que las empleadas del mismo venían cobrando solo la cuantía que la Junta destinaba para ellas, a diferencia de los contratados para categorías laborales incluidas en la relación, para quienes se aportaban los fondos precisos hasta conseguir que sus sueldos fueran los establecidos en el convenio municipal.

Esta situación la ha modificado la justicia y tras la sentencia favorable a las 11 auxiliares domiciliarias, el Ayuntamiento puede atender ya la reclamación de las siguientes e igualar sus sueldos a la categoría del grupo E, con el que se ha equiparado el trabajo de este colectivo. Precisamente en cumplimiento de la sentencia del TSJEx, el Ayuntamiento tiene que abonar 3.215,32 euros a cada una de las que reclamaron antes del próximo 31, y deberá hacer lo mismo, en los plazos que se negocien, con las otras 53 auxiliares.

En definitiva, «tenemos que afrontar un desembolso importante en la situación en la que estamos», reconoció el primer edil. Por eso, Pizarro volvió a pedir ayer públicamente al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, una solución de futuro para la ayuda a domicilio en la región, «para un servicio tan necesario».

Recordó que la competencia es regional y, por ello, «creo pertinente que el presidente reflexione sobre la situación en la que estamos; es hora de que la Junta se plantee en serio esta petición porque la competencia es suya y hay que dar un servicio de calidad».

El alcalde placentino señaló que «podemos hablar de convenios compartidos entre ayuntamientos y Junta» o de otras fórmulas que garanticen una solución de continuidad, más allá de la concatenación de planes de empleo, y enmarcadas en la política regional que persigue que el mayor pueda permanecer en su domicilio y entorno sociofamiliar el mayor tiempo posible. «Es necesario que Junta y ayuntamientos nos sentemos a negociar», zanjó Fernando Pizarro.

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