Un largo camino hacia la legalización

Las casas de Viña del Carmen están entre las que optarán a entrar en el proceso de regularización una vez que se modifique el PGM. :: a. solé/
Las casas de Viña del Carmen están entre las que optarán a entrar en el proceso de regularización una vez que se modifique el PGM. :: a. solé

Las casas de Santa Bárbara deberán cumplir los duros requisitos de la Ley del Suelo para regularizarse | Primero hay que modificar el plan de urbanismo y después determinar qué parcelas reúnen las condiciones, que no serán todas

Claudio Mateos
CLAUDIO MATEOSPlasencia

La noticia de que la Junta de Extremadura va a abrir la puerta a regularizar la mayor parte de las construcciones ilegales de la sierra Santa Bárbara ha caído como un balón de oxígeno entre los propietarios. Tras muchos años de relativa tranquilidad, en los últimos meses han visto estrecharse el cerco sobre sus viviendas mediante la firma de nuevas órdenes de derribo y la imposición de las primeras multas coercitivas, una ofensiva burocrática activada por el Ayuntamiento sobre todo desde que se inició el proceso judicial del caso Santa Bárbara, que está punto de sentar en el banquillo de los acusados a los dirigentes políticos municipales que tuvieron competencias urbanísticas entre enero de 2006 y junio de 2011.

Los propietarios de muchas de las viviendas ilegales situadas en la parte de la sierra con protección paisajística (suelo no urbanizable protegido N7), donde se encuentra la ya famosa finca Viña del Carmen, presentaron en mayo de 2017 una solicitud de modificación del Plan General Municipal (PGM) que permitiera iniciar el proceso de regularización de las parcelas que viene contemplado en la Ley del Suelo de Extremadura, que una vez concluido podría dar pie a legalizar las viviendas. La consejera de Territorio de la Junta, Begoña García, ha anunciado esta semana que la Consejería de Medio Ambiente emitirá en los próximos días una resolución en la que les da la razón a los propietarios, ya que según los técnicos autonómicos esa parte de la sierra no debería tener la protección especial que le otorga el PGM.

Habrá que esperar a que la resolución se haga pública para saber si se limita a avalar la postura de los dueños de que se pueda iniciar el proceso de regularización en un suelo calificado como N7 o, como insinuó la consejera, recomendará bajar el nivel de protección a suelo no urbanizable común N5, que es el que tiene la mayor parte de la sierra desde la entrada en vigor del PGM en 2015. En ambos casos se abre la puerta a regularizar las parcelas, aunque el segundo supondría un procedimiento mucho más largo y complejo porque implicaría una recalificación del suelo, mientras que para el primero basta con una sencilla modificación del texto del plan.

Aún no se ha aclarado si bastará con cambiar la redacción del PGM o habrá que recalificar

Solo será posible regularizar parcelas con viviendas unifamiliares y edificabilidad del 10%

Para legalizar las casas se deberán presentar los proyectos de obra y pagar los impuestos

El anuncio de la Junta de Extremadura ha levantado muchas suspicacias en Plasencia, sobre todo entre quienes llevan décadas reclamando mano dura contra quienes han construido a sabiendas en suelo no urbanizable. Consideran que los infractores quedarán impunes, mientras que el resto de ciudadanos que han cumplido todas las obligaciones legales para construir sus viviendas, con los costes que eso conlleva, sufren un agravio comparativo.

Más información

Cumplir la ley y pagar

El arquitecto Juan Antonio Álvarez, exconcejal de Urbanismo y exsenador del PSOE, que es quien ha redactado la propuesta de modificación del PGM, niega que eso vaya a ser así. Señala en primer lugar que el proceso de regularización contemplado en la Ley del Suelo es largo y costoso para los propietarios, quienes además, si algún quieren ver sus viviendas completamente legalizadas, tendrán que formalizar y pagar todos los requisitos que no cumplieron en su día, como son el proyecto y la licencia de obras, más todas las tasas e impuestos que llevan aparejadas las viviendas en régimen de autopromoción.

Otro matiz importante que destaca Álvarez es que no todas las casas de Santa Bárbara se podrán lagalizar, sino tan solo las situadas en las parcelas que cumplan las condiciones establecidas tanto en la Ley del Suelo como en el PGM. «Si alguien ha construido un pequeño bloque con tres viviendas, eso no se puede regularizar», señala a modo de ejemplo. Además, según consta en el PGM, la superficie mínima de regularización es de tres hectáreas, puede haber un máximo de siete casas por hectárea y la edificabilidad no debe superar 0,1 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo bruto, es decir, el 10%. No es posible legalizar actuaciones de que invadan el dominio público hidráulico. Estos criterios se aplican para las viviendas ya construidas, pero si el proceso de regularización culmina con éxito, las condiciones para poder edificar nuevas casas serán mucho más restrictivas, al menos si finalmente no hay recalificación, pues sólo se permitirán viviendas unifamiliares por debajo de la cota 500 y con una parcela mínima de 10 hectáreas por vivienda, y siempre previo otorgamiento de la preceptiva calificación urbanística, tal y como se recoge en la Ley del Suelo.

Juan Antonio Álvarez aclara además que, llegado el caso, el proceso de regularización no será único para toda la sierra, sino que deberá hacerse área por área. De hecho, es ahora, una vez que parece claro que la modificación del PGM saldrá adelante, cuando se van a empezar a delimitar las áreas de regularización. Para ello no se tendrán en cuenta tan solo los requisitos legales que deben cumplir las parcelas, sino también qué propietarios están dispuestos a asumir los costes que conlleva el proceso, entre ellos crear las redes de alcantarillado y suministro, así como instalar la iluminación pública y otros servicios fundamentales, que deben correr a cargo de los interesados. «Los que digan que no quieren pagar se quedarán fuera», advirtió Álvarez, quien calcula que ahora mismo son aproximadamente 200 los dueños de viviendas que han mostrado interés en participar en el procedimiento, la gran mayoría de la Sierra de Santa Bárbara pero también de El Espartal (al otro lado de la carretera de Jaraíz), y algunos de La Vinosilla. Para los próximos días está previsto convocarlos a todos a una reunión informativa.

Resumiendo, el recorrido es, en primer lugar, modificar el PGM, después regularizar las parcelas, y por último legalizar las construcciones.

Quedar fuera de este proceso implica, bajo la actual política de tolerancia cero del Ayuntamiento de Plasencia, estimulada por el caso Santa Bárbara, asumir la posibilidad de perder la vivienda. Muchos propietarios se han puesto en manos de un bufete madrileño especializado en urbanismo con la esperanza de que la nueva puerta abierta a la regularización sirva para dejar sin efecto las órdenes de derribo que pesan sobre sus viviendas, o al menos paralizarlas en los tribunales hasta que se resuelva el procedimiento. Otros no lo han hecho y han confiado en la vía administrativa. Entre estos últimos están los que han recibido por parte del Ayuntamiento los dos primeros avisos de multas coercitivas de 6.000 y 7.700 euros al mes si no derriban sus casas.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha dicho esta semana que siente «satisfacción» por la postura favorable de la Junta de Extremadura al cambio en el PGM propuesto por los propietarios de Santa Bárbara. Aseguró incluso que era la modificación era un «compromiso» del Ayuntamiento con los afectados. Además, expresó su malestar con la consejera de Territorio por haberse enterado a través de la prensa, y negó que durante la redacción del plan se le comunicase por escrito al Ayuntamiento que el nivel de protección que se aplicaba a la sierra no era el adecuado a juicio de la Junta, como dijo el miércoles Begoña García.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos