El juez llama a declarar al edil Luis Díaz por denegar una caseta en el Berrocal

La Audiencia Provincial ordena continuar la instrucción, que había sido archivada por un juzgado de Plasencia

C. M. PLASENCIA.

El concejal de Relaciones Institucionales, Luis Díaz, ha sido llamado a declarar en calidad de investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Plasencia el próximo jueves 31 de mayo. El juez le cita para que responda de una denuncia penal presentada contra él y contra la junta de gobierno local por no autorizar la instalación de una caseta en el recinto del Berrocal en las ferias de 2017, cuando Luis Díaz era aún concejal de Festejos.

La denunciante argumenta que entre 2014 y 2016 sí se le concedió autorización para la caseta, mientras que el año pasado el Ayuntamiento se la denegó mediante una decisión que califica de «coactiva, arbitraria y discrecional», así como susceptible de un posible delito de prevaricación.

En un primer momento el Juzgado de Instrucción número 4 de Plasencia archivó la denuncia, pero la denunciante recurrió y ahora la Audiencia Provincial de Cáceres ha estimado ese recurso, por lo que revoca el archivo y ordena al juzgado placentino que continúe la instrucción con «al menos la declaración del denunciado y las que de ella pudieran derivarse».

La Audiencia considera que el archivo de la denuncia fue prematuro, ya que «no se ha llevado a cabo actuación de investigación alguna y no es descabellado pensar que el actuar administrativo pudiera estar incurso en el delito denunciado». De hecho, el juez la archivó «sin espera al resultado de la diligencia de solicitud de datos que la policía judicial de la Policía Nacional había solicitado a la Policía Local de Plasencia y al propio Ayuntamiento».

Luis Díaz afirmó ayer estar «totalmente tranquilo» ante esta citación como investigado, a la que acudirá con un abogado particular. Al igual que el año pasado cuando se presentó la denuncia, el edil dijo que la denegación de la caseta se basó en un informe de los técnicos municipales que indicaban que existía incompatibilidad, al estar casada la solicitante con un funcionario del Ayuntamiento. «Lo realmente grave hubiera sido hacer lo contrario de lo que dictaminaba el informe», afirmó.

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