El fiscal pide juzgar e inhabilitar a los cuatro investigados en el caso Santa Bárbara

Una vez que ha recibido los escritos de acusación de la Fiscalia y el Ayuntamiento de Plasencia, personado como acusación particular, es casi seguro que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que instruye la causa decidirá ordenar la apertura de juicio oral y sentar en el banquillo a los cuatro investigados. La acusación de la Fiscalía es más dura que la hecha pública ayer por el Ayuntamiento, que únicamente aprecia un delito, el del prevaricación, por el que pide ocho años y medio de inhabilitación para Blanco, Domínguez y García. Solicita el sobreseimiento para Barbancho al considerar que los apenas seis meses que estuvo al frente de Urbanismo no bastan para adjudicarle responsabilidad penal alguna.

Independientemente de las posibles responsabilidades económicas a las que tengan que hacer frente si así se decide en el juicio, las únicas penas a las que se enfrentan los acusados son las de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público. Elia Blanco, Mónica García y Francisco Barbancho llevan tiempo retirados de la política, y de hecho están todavía inhabilitados por las penas que se les impusieron a todos ellos en 2014 por el llamado caso Plasencia, relativo al fraccionamiento de obras públicas para evitar sacarlas a licitación. Por lo tanto, la más afectada por una eventual sentencia condenatoria sería María Victoria Domínguez, actual diputada regional y portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura.

El juez instructor no se ha pronunciado aún sobre el escrito que presentó a principios de febrero la defensa de Victoria Domínguez, en el que solicitaba retirar al Ayuntamiento de Plasencia su condición de acusación particular, y también investigar al alcalde, Fernando Pizarro, por los mismos delitos que se les imputan a ella y al resto de investigados. Se basa en que a partir de junio de 2011, cuando él llegó al poder, tampoco se tomó ninguna medida para derribar las viviendas. En ese escrito señala además que si el TSJEx no se considera competente, como ya ha dicho ya el juez instructor ante requerimientos similares anteriores, remita las actuaciones al juzgado de primera instancia que corresponda.

También está por ver si tendrá algún efecto en el procedimiento una denuncia presentada el pasado miércoles contra Pizarro en la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx por una ciudadana particular, relativa también a las construcciones ilegales de Santa Bárbara. El alcalde sospecha que la denuncia procede de Victoria Domínguez o su entorno.