El Ayuntamiento de Plasencia impone las primeras multas coercitivas sobre casas de Santa Bárbara

Viviendas en la finca Viña del Carmen, donde hay varios expedientes urbanísticos abiertos. :: andy solé/
Viviendas en la finca Viña del Carmen, donde hay varios expedientes urbanísticos abiertos. :: andy solé

Las dos sanciones ya firmadas son de 7.700 y 6.000 euros al mes hasta que las viviendas sean derribadas, con un máximo de diez meses

CLAUDIO MATEOS PLASENCIA.

Los dueños de dos viviendas ilegales de la Sierra de Santa Bárbara tendrán que pagar 7.700 y 6.000 euros al mes respectivamente durante un máximo de 10 meses hasta que derriben sus casas, ambas situadas en suelo protegido en la finca Viña del Carmen. Se trata de las primeras multas coercitivas que impone el Ayuntamiento de Plasencia dentro del conjunto de expedientes de restauración de la legalidad urbanística que afectan al menos a 18 viviendas de esa finca. Los decretos que ordenan las sanciones acaban de ser firmados por el alcalde, y se espera que en próximos días se emita otro más en el mismo sentido.

La multa coercitiva es una de las herramientas de las que dispone el Ayuntamiento para que no se le pueda acusar de inacción cuando un expediente de derribo llega a su fin y el propietario no cumple la orden de demolición, aunque en Plasencia nunca se había utilizado. La otra sería proceder al derribo de manera subsidiaria, pero el gobierno local afirma que no dispone de recursos económicos y por eso ha tomado la «decisión política» de usar las multas, cuya cuantía varía en función de la tasación que los técnicos municipales hagan de la vivienda.

Según explicó el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, los propietarios tienen la opción de proceder al derribo y en ese momento dejarían de pagar las multas. Si no lo hacen, una vez cumplidos los diez meses el Ayuntamiento emplearía los 77.000 y 60.000 euros recaudados en estos dos casos en concreto para llevar a cabo por su cuenta las demoliciones. No será algo inminente porque los decretos de alcaldía mediante los que se han impuesto las multas pueden ser recurridos por la vía administrativa.

Si los dueños no derriban las viviendas lo hará el Consistorio con el dinero recaudado con las multas

Las primeras de muchas

Este es por lo tanto el procedimiento que se va a seguir en todos los expedientes abiertos en Plasencia para la restauración de la legalidad urbanística. El alcalde firmó a comienzos de 2017 al menos 18 órdenes de derribo contra viviendas de la finca Viña del Carmen. Esos decretos fueron recurridos por los propietarios y cada uno de ellos se encuentra en un momento distinto del procedimiento. Las multas coercitivas impuestas ahora son las primeras, pero Hernández señala que lo más probable es que el resto acaben igual.

Algunas de estas viviendas de Viña del Carmen ya fueron objeto hace años de órdenes de derribo que nunca se cumplieron, una inacción que se encuentra investigado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en el llamado caso Santa Bárbara, en el que figuran como imputados la exalcaldesa Elia María Blanco y los exconcejales de Urbanismo María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho. La obligación de derribar viviendas construidas no prescribe nunca si están en suelo protegido, pero los expedientes administrativos sí caducan. Lo que ha hecho el actual gobierno placetino es iniciar de nuevo los procedimientos, aprovechando además que ahora dispone de personal suficiente tras la creación hace dos años de la Oficina de Urbanismo, para la que se han realizado nuevas contrataciones.

El gobierno local dice que debe ejecutar las órdenes de demolición para no caer en responsabilidad penal

La diferencia con lo ocurrido en el periodo que investiga el TSJEx (de enero de 2006 a junio de 2011) es que ahora, para esquivar una posible responsabilidad penal, los dirigentes municipales de urbanismo han dado un paso más allá por la vía de la multa coercitiva, cosa que antes nunca se había hecho. Por eso a los investigados en el caso Santa Bárbara se les achacan los presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.

Los afectados por este proceso judicial, no obstante, acusan al actual equipo de gobierno encabezado por Fernando Pizarro de no haber tomado ninguna medida contra las viviendas ilegales durante cinco años, hasta que en el otoño de 2016 tuvo conocimiento, porque así se lo comunicó la juez instructora, de que se había iniciado una investigación penal contra sus antecesores a raíz de una denuncia anónima enviada a la Fiscalía. El gobierno local lo desmiente y asegura que desde el primer momento dio orden de reiniciar los expedientes caducados y, en algunos casos, enviarlos al fiscal.

El Ayuntamiento calcula que en el término municipal de Plasencia hay entre 800 y 1.000 viviendas ilegales. Contra muchas de ellas ya no se puede actuar porque, según el nuevo Plan General Municipal (PGM), se encuentran sobre suelo no urbanizable común, sin protección medioambiental, y en esos casos la infracción sí prescribe pasados algunos años. En cambio las situadas en suelo protegido, como son las de Viña del Carmen, no prescriben nunca y se puede ordenar demolerlas por mucho tiempo que haya pasado desde su construcción.

Los dueños de Viña de Carmen sienten que se les trata con más dureza que a los de otras zonas

El gobierno local tiene claro que esto es solo el principio. El proceso judicial del caso Santa Bárbara está sirviendo para acabar con la sensación de impunidad. Los responsables políticos ya saben que si no hacen nada se puede actuar penalmente contra ellos en caso de denuncia, y ese es el argumento que están usando ante los propietarios que acuden a preguntarles por qué se ha empezado a perseguir de verdad la construcción ilegal después de décadas de 'barra libre' y expedientes acumulados en los cajones. Por otro lado, los dueños de terrenos también están tomando conciencia de lo que les puede pasar, y de hecho un informe reciente de los agentes de urbanismo de la Policía Local señala que por primera vez en muchos años no tienen detectada ninguna vivienda ilegal en construcción en la sierra de Santa Bárbara.

Hay otras zonas de la ciudad en las se acumulan las casas ilegales, como el Espartal o La Vinosilla. Los dueños de estas últimas, tras recibir varias condenas, algunas de ellas incluso con penas de cárcel, han iniciado ante la Junta de Extremadura un proceso para intentar regularizarlas, que mientras se tramita tiene paralizadas las órdenes de derribo. De hecho, el juzgado se dirige al Ayuntamiento cada seis meses para confirmar que ese procedimiento se mantiene en marcha.

Los propietarios de Viña del Carmen, por su parte, consideran que se les está discriminando en relación a otras zonas con la misma protección medioambiental en las que también hay viviendas. Por el momento han presentado ellos también en el Ayuntamiento una propuesta de modificación del Plan General Municipal (PGM) para intentar regularizar su situación, y han contratado a un bufete madrileño especializado en urbanismo para que les defienda. El expediente está ahora en la Junta de Extremadura.

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