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¿Qué ha pasado hoy, 28 de marzo, en Extremadura?
Finca Viña del Carmen en la sierra de Santa Bárbara, donde están las casas a las que se pide el ICIO. :: a. s.
El Ayuntamiento reclama el impuesto de construcciones a las viviendas ilegales

El Ayuntamiento reclama el impuesto de construcciones a las viviendas ilegales

El alcalde ha firmado por el momento once decretos que suman 50.545 euros en tributos impagados por casas de Santa Bárbara

Claudio Mateos

Domingo, 7 de mayo 2017, 11:32

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Son viviendas ilegales sobre las que pesan órdenes de derribo, pero aun así deben pagar impuestos. El Ayuntamiento de Plasencia ha empezado a reclamar a los propietarios de las casas clandestinas de la sierra de Santa Bárbara el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que no abonaron en su momento. El pasado 4 de abril el alcalde, Fernando Pizarro, firmó once decretos en los que se reclama a otros tantos propietarios un total de 50.545,12 euros por este concepto.

Otro decreto municipal, este del pasado 8 de marzo, del que el Ayuntamiento no informó públicamente, instó a los departamentos de urbanismo y rentas a que «se lleven a cabo las actuaciones necesarias en orden a liquidar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a todos los inmuebles sitos en suelo no urbanizable y que han sido objeto de expediente de disciplina urbanística». Es de esperar por lo tanto que en las próximas semanas vayan saliendo más reclamaciones del ICIO a otros propietarios.

Las once emitidas hasta la fecha se refieren a viviendas ubicadas en el polígono 16 de la finca Viña del Carmen de Santa Bárbara. Son por lo tanto las mismas cuyo derribo ordenó el Ayuntamiento a principios de año, una decisión que ha sido recurrida por vía administrativa por los afectados, al tiempo que el despacho de abogados que les representa ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cáceres que, llegado el caso, paralice esos derribos de manera cautelar.

Los decretos en los que se reclama el ICIO incluyen una estimación del presupuesto de ejecución de las obras de cada una de las viviendas, sobre la cual el Ayuntamiento ha calculado lo que les correspondería pagar por este impuesto. Así, hay liquidaciones desde 915 hasta 7.634 euros, dinero que los promotores de esas casas tendrán que abonar independientemente del resultado final de los expedientes urbanísticos que pesan sobre ellas. Es decir, tendrán que pagar aun en el caso de que las viviendas sean derribadas. Por el momento los dueños pueden recurrir estos decretos.

Fuentes jurídicas consultadas por HOY señalan que estas reclamaciones de impuestos pueden llegar a jugar en el futuro a favor de los propietarios si finalmente ponen en marcha el proceso de legalización de las viviendas que han anunciado, y para el que están contando con asesoramiento profesional. De hecho, entre los motivos que la plataforma de afectados esgrime para oponerse a los derribos y pedir la legalización está que muchas de esas viviendas ilegales llevan años pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo cual consideran como un reconocimiento tácito por parte del Ayuntamiento.

En las dos reuniones que ha mantenido con los propietarios desde que se firmaron en enero las órdenes de derribo el gobierno local les ha instado a intentar acogerse a los mecanismos de regularización de viviendas en suelo no urbanizable que vienen contemplados tanto en la Ley del Suelo de Extremadura como en el Plan General Municipal (PGM). Se trata de un proceso complejo, difícil y largo, ya que los requisitos son muy exigentes y hay zonas que no se pueden regularizar, como son todas las casas situadas por encima de la cota 420. La superficie mínima de regularización es de tres hectáreas, puede haber un máximo de siete casas por hectárea y la edificabilidad no debe superar 0,1 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo bruto, es decir, el 10%. No es posible legalizar actuaciones que invadan el dominio público hidráulico, y son los interesados quienes deben asumir todos los costes de electricidad, abastecimiento y saneamiento.

La iniciativa de regularización debe formalizarse mediante un convenio entre el Ayuntamiento y al menos el 60% de los propietarios, y precisa de informes favorables de las consejerías de Fomento, Medio Ambiente y Agricultura, y en su caso de la Confederación Hidrográfico del Tajo. Este camino lo han emprendido ya los propietarios de las casas clandestinas de la Vinosilla, sobre quienes pesan sentencias de derribo y en algunos casos penas de cárcel. El pleno municipal aprobó en septiembre del año pasado el convenio que le presentaron los propietarios, que ahora necesitan los permisos de las demás administraciones para poder legalizar sus casas.

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