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Los exediles dicen que los expedientes urbanísticos no pasaban por sus manos

Los exediles dicen que los expedientes urbanísticos no pasaban por sus manos

Mónica García y Francisco Barbancho declaran ante la juez del caso Santa Bárbara que ordenar derribos no era de su competencia

Claudio Mateos

Martes, 11 de abril 2017, 17:11

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Los exconcejales placentinos Mónica García y Francisco Barbancho negaron ayer ante la juez que instruye el caso Santa Bárbara que tuvieran competencias para incoar o resolver expedientes durante el tiempo que estuvieron a cargo del área de urbanismo, y por lo tanto tampoco para ordenar la ejecución de derribos de viviendas ilegales. Ambos acudieron a declarar en calidad de investigados al Juzgado de Instrucción número 1, donde también prestó declaración, en su caso como testigo, el policía local encargado de inspeccionar las obras que se llevan a cabo en la ciudad. Lo hicieron en sala ante la juez y los abogados de las distintas partes, ya que el Ministerio Fiscal, que en su momento fue el impulsor de la investigación, no compareció y por lo tanto no formuló preguntas.

Mónica García fue edil de urbanismo del 1 de enero de 2006 al 16 de junio de 2007, y Francisco Barbancho del 28 de enero al 10 de junio de 2011. Ninguno quiso hacer declaraciones ni a la entrada ni a la salida de los juzgados. El que sí habló fue el abogado de García, Estanislao Martín, quien dijo que las preguntas de la juez a los exconcejales se centraron en intentar determinar si en el ejercicio de su cargos tenían atribuciones para incoar expedientes urbanísticos y sancionadores y si, dentro de sus competencias, podían resolverlos.

Hay que recordar que el propósito de esta instrucción es determinar por qué no se ejecutaron entre los años 2006 y 2011 las órdenes firmes de derribo que pesaban sobre al menos 28 viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara. En ese sentido, Martín aseguró que tanto por las declaraciones como por la documentación facilitada por el secretario del Ayuntamiento «ha quedado claro que entre las competencias de los concejales no se encontraba la incoación ni la resolución de expedientes urbanísticos». De hecho, según Martín, y así lo declararon García y Barbancho, esos expedientes ni siquiera llegaban a pasar por manos de los concejales. «Era la oficina urbanística del Ayuntamiento la que incoaba los expedientes, y los decretos de paralización los firmaba el alcalde. Eso siempre ha sido así», afirmó el abogado. La alcaldesa durante esos años, Elia María Blanco, ya declaró en el juzgado en calidad de investigada el pasado diciembre. Aseguró que ella se limitaba a firmar lo que le ponían sobre la mesa los técnicos de urbanismo y negó que jamás hubiera ordenado paralizar la ejecución de ningún derribo.

La opinión de Estanislao Martín es que, en cualquier caso, y con independencia de quién fuera el responsable, el Ayuntamiento de Plasencia actuó «correctamente», ya que «incoó los expedientes, ordenó la paralización de las obras y ordenó la demolición».

Sobre la posibilidad que se puedan incluir en la investigación otros periodos anteriores o posteriores, Estanislao Martín dijo que «si cualquier vecino de Plasencia conoce que se hayan producido irregularidades en otros periodos puede ponerlo de manifiesto». De hecho, recordó que el origen de esta instrucción es una denuncia anónima que recibió la Fiscalía, y apuntó que «los procedimientos urbanísticos no acaban cuando termina un alcalde y empieza otro». Señaló en ese sentido que en el Ayuntamiento de Plasencia «hay procedimientos que se iniciaron en 2006 o 2007 y no acabaron hasta 2013 con decretos de derribo que tampoco se han ejecutado». «¿Por qué se piden explicaciones sólo a los alcaldes y concejales anteriores?» se preguntó.

Martín dijo además que el cumplimiento de la disciplina urbanística corresponde también a otros organismos, entre los que mencionó el Seprona o la Junta de Extremadura, a los que en su opinión también cabría pedir responsabilidades.

La otra concejala de urbanismo en el periodo investigado, María Victoria Domínguez, también había sido llamada a declarar como investigada por la juez, que suspendió la citación después de que la diputada regional de Ciudadanos se acogiera a su condición de aforada, la cual le da derecho a declarar únicamente ante el TSJEx.

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