La devolución del rescate se aplaza a condición de que haya superávit en 2021

La principal condición que el ministerio impone a los Ayuntamientos que se adhieren a esta carencia de tres años es que para 2021 el remanente de tesorería de los gastos generales debe ser positivo, es decir, que las cuentas municipales habrán de dar superávit. El concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, aseguró que «no es un objetivo difícil de cumplir», ya que, a excepción de la de 2015, que arrojó un resultado negativo de 377.000 euros, la liquidación de los últimos años ha sido positiva. De hecho, avanzó que la de 2016 también lo será, y no ve motivos para que no se mantenga así hasta 2021 si el Ayuntamiento incrementa, como tiene previsto, las actuales medidas de ahorro.

Este plan de saneamiento vinclulado a la prórroga es complementario al plan de ajuste ya en vigor que fue aprobado en 2015 como una de las condiciones que puso el ministerio para conceder el rescate de 24,1 millones. Las medidas se implantarán a raíz del nuevo plan de saneamiento serán, según anunció Hernández, intensificar la inspección tributaria y ahorrar en la licitación de los contratos menores. «En ningún caso supondrá un esfuerzo extra para la ciudadanía», afirmó.

La explicación que ha dado el gobierno local para solicita esta carencia de tres años es que, como se ha venido informando, en el ejercicio de 2018 había que empezar a devolver el préstamo de 24,1 millones, a razón de aproximadamente tres millones de euros anuales durante ocho años. Ahora se retrasa hasta 2021 el inicio de esa amortización, que concluirá en 2028. Lo que sí hay que seguir pagando son los intereses de ese rescate, que se vienen abonando desde 2016 a razón de 300.000 euros anuales. Además, en 2018 toca empezar a abonar a los expropietarios de las huertas los intereses que se acumularon durante todo el proceso judicial, los cuales ascienden a unos 15 millones de euros, que se pagarán durante una década a 1,5 millones anuales. Si a esto se le añade que el Ayuntamiento abona unos dos millones de euros cada año por la amortización de otros créditos con entidades bancarias, el resultado es que en los presupuestos de 2018 deberá incluir unos 3,8 millones de euros para pagar deudas, que serían 6,8 millones si no se acogiera a la carencia aprobada por el Ministerio de Hacienda.

José Antonio Hernández aseguró que retrasar la devolución les permitirá seguir negociando con Hacienda la mejora de las condiciones del préstamo, avazar en el saneamiento de las cuentas municipales y tener más liquidez para cofinanciar las inversiones europeoas que lleguen en estos tres años.

El portavoz del PSOE, David Núñez, justificó el rechazo de su grupo a esta operación porque en su opinión sólo sirve para «retrasar el problema», y porque supone «endurecer» aún más el plan de ajuste que ya pesaba sobre el Ayuntamiento. Apuntó en ese sentido que el aumento en la recaudación tributaria que prevé el gobierno local «lo van a pagar las familias», y criticó que para ahorrar en las licitaciones se vaya a usar la figura del «proveedor único». Además, alertó de que la resolución de Hacienda a la que se acoge Plasencia establece que, de incumplirse el plan de saneamiento, «el Ayuntamiento se compromete a aplicar las medidas que establezca el ministerio», es decir, que se «abre la puerta» a una intervención de las cuentas municipales por parte del gobierno de España.

El concejal de Plasencia en Común, Abel Izquierdo, también rechazó acogerse a la carencia, entre otras cosas porque «puede que en 2021 estemos peor que ahora». Acusó al gobierno local del PP de saber ya cuando solicitó el rescate en 2015 que no lo iba a poder pagar y, al igual que el PSOE, alertó de la «pérdida de soberanía económica» que sufrirá Plasencia si no logra tener sus cuentas saneadas en 2021. «Hacienda podrá desde subir el IBI a todos los placentinos hasta hacer un ERE en el Ayuntamiento», dijo. Además, criticó que con esta decisión el PP está «hipotecando a futuras corporaciones municipales».

En opinición de Izquierdo, acogerse a esta prórroga en la devolución rescate sólo busca que «el que venga detrás, que arree», expresión que usó también el concejal de Ciudadanos, Juan Carlos Hernández. El único edil de la oposición que apoyó sin reservas adherirse a la carencia de tres años fue José Luis Díaz, de Extremeños.

Sesión extraordinaria

El pleno de ayer fue el primero de carácter extraordinario que se celebra con Fernando Pizarro como alcalde. El gobierno local lo convocó porque recibió el escrito del Ministerio de Hacienda el 28 de marzo y el plazo para acogerse a la carencia de tres años finaliza hoy viernes, y es obligatorio que la adhesión sea aprobada por el pleno.

El PSOE, Plasencia en Común y Ciudadanos criticaron la convocatoria porque consideran que el pleno ordinario de marzo, que se celebró el día 31 cuando ya había llegado la carta de Hacienda, se podría haber retrasado unos días para dar cabida al punto tratado ayer. Dijeron que de ese modo el Ayuntamiento se hubiera ahorrado los 2.550 euros que ha de abonar por asistir a los 17 ediles no liberados, a razón de casi 150 por cabeza. El PP, PSOE, PeC y Extremeños han anunciado que lo donarán a obras benéficas.