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Afectados por los derribos de Santa Bárbara preparan una batalla legal

Reunión entre los propietarios afectados y el gobierno local ayer en la alcaldía de Plasencia. :: cedida
Reunión entre los propietarios afectados y el gobierno local ayer en la alcaldía de Plasencia. :: cedida
  • Han contratado un bufete madrileño especializado en urbanismo y quieren revitalizar la asociación de vecinos de la sierra

Los propietarios afectados por las órdenes de derribo emitidas el pasado enero por el Ayuntamiento de Plasencia contra 18 viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara, casi todas ellas en la finca Viña del Carmen, están preparando una larga batalla legal para defender sus casas. Han contratado para ello un bufete madrileño especializado en urbanismo, cuyo letrado le presentaron ayer al gobierno local en una reunión a la que asistieron el alcalde, el concejal de Urbanismo y técnicos municipales.

En ese encuentro Fernando Pizarro reiteró a los dueños de las construcciones ilegales que está obligado por la ley a llevar hasta el final el procedimiento administrativo, incluida, llegado el caso, la ejecución de los derribos. El propio alcalde afirmó tras la reunión que había ofrecido a los afectados toda la colaboración del gobierno local en forma de acceso a la documentación, la normativa y los expedientes para que, si lo desean, puedan iniciar el proceso de regularización de sus viviendas que viene recogido en la Ley de Suelo de Extremadura y el Plan General Municipal (PGM). El problema, como ha reiterado ya varias veces, es que las casas de Viña del Carmen no reúnen los requisitos para poder optar a esa legalización, al contrario de lo que ocurre con otras construcciones situadas en cotas inferiores de la sierra. Pese a todo, los dueños anunciaron que tienen la intención de proponer «soluciones de futuro» para todas las viviendas.

Los afectados son conscientes de que las alegaciones que han presentado contra las órdenes de derribo de enero van a ser rechazadas por el Ayuntamiento, por lo que a partir de ahí iniciarán el recorrido judicial por la vía contencioso-administrativa. Su primer objetivo será que el juez paralice las órdenes de demolición como medida cautelar, y después tratarán de argumentar su derecho a, al menos, ser tratados igual que el resto de propietarios de Santa Bárbara, ya que consideran que no tiene sentido que la finca donde se encuentran sus casas tenga mayor grado de protección que otras zonas de la sierra.

Los asistentes recordaron que la protección medioambiental de la que goza Santa Bárbara es meramente paisajística, y similar en todas las zonas de la sierra. En cualquier caso, como ya dijeron en su primer comunicado, se niegan a ser «cabezas de turco» de una situación enquistada en Plasencia desde hace décadas, y no entienden cómo pueden ser ellos los únicos que están teniendo problemas por el simple hecho de que exista una denuncia de un particular contra sus viviendas.

De manera paralela a la lucha judicial, los propietarios tienen intención de recuperar la actividad de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara, que se encuentra registrada en el Ayuntamiento desde hace años, pero que estaba parada.