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Santa Bárbara: tres décadas de barra libre

Panorámica de Santa Bárbara donde se aprecian las construcciones esparcidas por toda la sierra, la mayor parte de ellas ilegales. :: david palma
Panorámica de Santa Bárbara donde se aprecian las construcciones esparcidas por toda la sierra, la mayor parte de ellas ilegales. :: david palma
  • La instrucción judicial abierta vuelve a poner en el foco las cerca de mil construcciones ilegales que existen en la ciudad, según el Ayuntamiento

  • Todos los intentos de ordenar el caos urbanístico consentido en la sierra placentina han fracasado

En Santa Bárbara siempre ha habido casas. Los placentinos mayores recuerdan las construcciones que salpicaban aquí y allá la sierra, casi todas ellas pequeñas casitas relacionadas con la actividad agrícola. Pero llegaron los años ochenta y, ante la imparable expansión urbana, el precio creciente del suelo y una normativa urbanística y medioambiental poco exigente, Santa Bárbara se convirtió en la opción de muchos propietarios de terrenos para construirse una vivienda, o bien dividir sus fincas y venderlas en parcelas para que construyeran otros, aun a sabiendas de que se trataba de suelo no urbanizable.

Durante muchos años la permisividad fue total. Las casas fueron proliferando en la sierra, al tiempo que lo hacían también en otros espacios rústicos del entorno de Plasencia como El Espartal o La Vinosilla. Se corrió la voz de que no pasaba nada, de que se podía construir sin licencia, proyecto visado ni ningún otro trámite burocrático. En definitiva, que se hacía la vista gorda.

En los noventa ya se contaban por cientos las construcciones clandestinas. Fue entonces cuando las autoridades iniciaron una cierta presión sobre los promotores. Se presentaron denuncias y se abrieron expedientes, aún sin un intento serio de poner orden en la situación. Fue a comienzos de la primera década del siglo XXI cuando, ante la acumulación de partes de denuncia presentados por la Policía Local y el Seprona, y también las quejas por discriminación de quienes sí construían sus viviendas de manera legal, el Ayuntamiento decidió intervenir en serio y licitó la redacción de un plan especial para la ordenación urbanística de Santa Bárbara. Entonces gobernaba el PP con José Luis Díaz como alcalde y María Victoria Domínguez como concejala de urbanismo.

Ordenación por fases

El presupuesto para redactar aquel proyecto fue de 22,5 millones de pesetas (unos 135.000 euros), y la idea era llevar a cabo la ordenación de la sierra por fases, elaborando planes específicos para cada zona y bajo la tutela de la Junta de Extremadura. Hubo críticas por parte de algunos colectivos, como Izquierda Unida, que pensaba que la ordenación de Santa Bárbara no debía pagarla el Ayuntamiento, sino los propietarios que habían construido de manera ilegal. Finalmente, el proyecto no salió adelante.

Las denuncias y aperturas de expedientes de disciplina urbanística se seguían acumulando, pero eso no impedía que nuevas construcciones continuaran proliferando por toda la sierra, tanto primeras residencias más o menos modestas como casas de campo de lujo. La sensación de impunidad era total, pues los expedientes o bien caducaban y terminaban en algún cajón, o si culminaban con órdenes de derribo éstas no se ejecutaban. Ningún responsable político quería dar ese paso, que podía suponer la ruina de familias que no sólo se quedarían sin vivienda, sino que además tendrían que asumir el coste del derribo.

De finales de la pasada década datan las 28 órdenes de derribo no ejecutadas sobre las que ha abierto diligencias el Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia, con la exalcaldesa Elia María Blanco y los exconcejales de urbanismo María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho como investigados. También se precintaron entonces casas ilegales que estaban en obras, y que después fueron terminadas y ocupadas por sus propietarios sin mayores problemas. La inacción municipal propició que los promotores no se sintieran amenazados, y de hecho la construcción de casas clandestinas en Santa Bárbara ha seguido hasta nuestros días. El último episodio ha sido las órdenes de derribo emitidas por el gobierno local el pasado enero contra 18 viviendas ilegales de la finca Viña del Carmen, en la parte alta de la sierra, que ahora mismo están recurridas. El Ayuntamiento tiene tres meses de plazo para contestar.

Cambio en la Ley del Suelo

El gran cambio legislativo se produjo en 2010, cuando la Asamblea aprobó una reforma de la Ley del Suelo de Extremadura que desde entonces permite regularizar todas las viviendas construidas en suelo no urbanizable, incluso el protegido, mediante un convenio entre los propietarios y el ayuntamiento que debe autorizar la Junta. Antes también podía hacerse, pero con la obligación para los consistorios de pagar las acometidas de electricidad, abastecimiento y saneamiento.

A la luz de esa reforma de la Ley del Suelo, el Ayuntamiento de Plasencia anunció en 2013 que el nuevo Plan General Municipal (PGM) recogería la posibilidad de legalizar núcleos de viviendas en suelo protegido bajo determinadas condiciones y siempre a costa de los interesados. El PGM entró en vigor en verano de 2015. En lo que respecta a Santa Bárbara, únicamente se pueden legalizar construcciones situadas bajo la cota 420, es decir, a menos de 420 metros de altitud. La superficie mínima de regularización es de tres hectáreas, puede haber un máximo de siete casas por hectárea y la edificabilidad no debe superar 0,1 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo bruto, es decir, el 10%. No es posible legalizar actuaciones de que invadan el dominio público hidráulico.

La iniciativa de regularización debe formalizarse mediante un convenio entre el Ayuntamiento y al menos el 60% de los propietarios, y precisa de informes favorables de las consejerías de Fomento, Medio Ambiente y Agricultura, y en su caso de la Confederación Hidrográfico del Tajo. Es justo lo que acaban de hacer los propietarios de las casas clandestinas de la Vinosilla, sobre quienes pesan sentencias de derribo y en algunos casos penas de cárcel. El pleno municipal aprobó en septiembre del año pasado el convenio que le presentaron los propietarios, que ahora necesitan los permisos de las demás administraciones para poder legalizar sus casas.

Viña del Carmen

El alcalde, Fenando Pizarro, cifra en cerca de un millar las construcciones ilegales que hay en Plasencia, y ha animado esta semana a los propietarios de las viviendas de Santa Bárbara en las que sea posible iniciar el procedimiento de legalización a que lo hagan. No es el caso de la casas de Viña del Carmen, que se encuentran por encima de la cota 420. Los afectados por las órdenes de derribo de esta finca han formado una plataforma para luchar por sus viviendas y han iniciado una campaña que incluye desde reuniones con otros propietarios de Santa Bárbara hasta la recogida de firmas en una página de internet.