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¿Qué ha pasado hoy, 18 de marzo, en Extremadura?
Parte de la finca Viña del Carmen, donde se encuentran las casas sobre las que pesan derribos. ::
Una juez investiga por qué el Ayuntamiento de Plasencia no derribó varias casas ilegales

Una juez investiga por qué el Ayuntamiento de Plasencia no derribó varias casas ilegales

El juzgado abre diligencias con Elia Blanco, y los que fueran concejales de Urbanismo Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho, como posibles responsables

Claudio Mateos

Martes, 7 de marzo 2017, 21:08

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Un juzgado de Plasencia está investigando si los responsables políticos del área de Urbanismo del Ayuntamiento entre los años 2006 y 2011 cometieron un delito de prevaricación urbanística al no demoler varias construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara sobre las que pesaban órdenes de derribo. El caso, abierto tras una denuncia anónima a la Fiscalía, se encuentra en fase de instrucción y en él figuran en calidad de investigados la exalcaldesa Elia María Blanco y los tres ediles de Urbanismo de ese periodo, que fueron María Victoria Domínguez (actual diputada regional de Ciudadanos), Mónica García y Francisco Barbancho.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Plasencia comenzó las diligencias el pasado mes de agosto a raíz de una querella presentada por la fiscalía provincial de Medio Ambiente. La fiscal, Olga Suárez, ha declarado a este diario que lo que se trata de dilucidar en este procedimiento es si el hecho de no derribar las viviendas, o al menos imponer multas coercitivas a los propietarios, se debió a una intención consciente de no actuar por parte de los dirigentes municipales, lo cual supondría un delito de prevaricación urbanística, o si hubo algún otro motivo para ello que pueda justificar la inacción, en cuyo caso estaríamos ante una simple irregularidad administrativa.

Además, Suárez dijo que el hecho de designar como investigados nueva nomenclatura procesal para los imputados a Blanco, Domínguez, García y Barbancho no responde tanto a que en estos momentos existan evidencias de que hayan cometido algún delito como a que ellos sepan que pueden resultar perjudicados como consecuencia de las diligencias, y por tanto tengan la oportunidad de defenderse. Hay que recordar además que María Victoria Domínguez tiene la condición de aforada como miembro de la Asamblea de Extremadura, con las circunstancias especiales que ello conlleva en caso de verse afectada por un proceso judicial.

El juzgado está reclamando al Ayuntamiento placentino una gran cantidad de documentación relativa a los expedientes urbanísticos de aquella época, y han acudido a declarar en calidad de testigos el secretario y un abogado de la oficina municipal de urbanismo. Entre los investigados, al menos Elia María Blanco también ha prestado ya declaración. La juez ha ofrecido al Ayuntamiento de Plasencia la posibilidad de personarse como acusación particular como perjudicado en el caso, cosa que por el momento no ha hecho, si bien fuentes del gobierno local no lo descartan.

Declaración de Elia Blanco

Según ha podido saber este diario, en su declaración ante la juez instructora la exalcaldesa manifestó que en todo momento ella se limitó a firmar los expedientes y resoluciones que le enviaban los técnicos municipales de urbanismo, y que si no ejecutó los derribos fue porque nunca llegó a su mesa el documento correspondiente.

Las construcciones cuyos expedientes se están investigando se encuentran en la llamada Parcela 16 de Santa Bárbara, que es la correspondiente a la finca Viña del Carmen. Son las mismas viviendas cuyo derribo acaba de ordenar hace apenas mes y medio el Ayuntamiento mediante decretos de la alcaldía. De hecho, a la luz de esta investigación se entiende mejor la explicación dada por el alcalde, Fernando Pizarro, cuando les dijo a los afectados en una reciente reunión que ordenaba las demoliciones por imperativo legal, ya que de no hacerlo podría ser su gobierno el que sufriera las consecuencias judiciales. Para entonces él ya sabía que el juzgado estaba investigando los expedientes no ejecutados entre 2006 y 2011 por el gobierno del PSOE. El Ayuntamiento informó en enero de que eran 18 las viviendas afectadas, si bien finalmente son 28 las que aparecen en la investigación.

La fiscal provincial de Medio Ambiente explicó que la denuncia anónima que recibió en el año 2014 alertaba del incumplimiento de las órdenes de derribo de una serie de construcciones muy concretas en la sierra de Santa Bárbara que habían sido objeto de expedientes de disciplina urbanística entre los años 2006 y 2011. Ante la evidencia palpable de que esas construcciones seguían en pie, comprobó que los expedientes habían seguido su curso normal en el Ayuntamiento hasta el momento en el que se dictaron las órdenes de derribo, pero que nunca pasaron de ahí. Para completar el procedimiento, el Ayuntamiento debería haber ejecutado los derribos de manera subsidiaria, o al menos haber impuesto multas coercitivas a los propietarios, de manera que tuvieran que pagar una cantidad por cada mes que las construcciones estuvieran sin demolerse. El gobierno de Elia Blanco nunca llegó a dar ese último paso, y el motivo por el que no lo hizo es justamente lo que está investigando ahora el juzgado, y lo que podría constituir un delito de prevaricaión. También había órdenes de derribo emitidas por juzgados placentinos que deberían haber sido ejecutadas por el Ayuntamiento, cosa que no ocurrió.

Cabe preguntarse por qué la investigación se detiene en el año 2011, justo cuando el gobierno local cambió del PSOE al PP. La fiscal aclara que fue en ese periodo cuando se tramitaron los expedientes urbanísticos, de modo que, de haber delito, se habría cometido entonces. El actual gobierno municipal asegura que cuando accedió al poder y los técnicos de urbanismo le plantearon qué hacer con esas construcciones, dio orden de reabrir los expedientes de la legislatura anterior, algunos de los cuales tenían trámites caducados. Ese proceso, según la versión ofrecida por el PP, ha culminado en las nuevas órdenes de derribo de enero, en las cuales se advierte a los propietarios afectados que, de no cumplirlas, lo hará el Ayuntamiento de manera subsidiaria o se les impondrán las mencionadas multas coercitivas. Esas órdenes de ejecución han sido recurridas por los dueños, que han creado una plataforma de afectados para luchar por conservar sus viviendas y que han llamado a la unidad de toda la sierra de Santa Bárbara, donde hay cientos de construcciones clandestinas que llevan proliferando desde hace cerca de 30 años.

Se trata, en todo caso, de una investigación muy complicada y técnica en la que entran en juego diversas leyes y normativas medioambientales en función del momento en el que se construyeran las viviendas afectadas. De hecho, la instrucción ha recibido la denominada declaración de complejidad, lo cual permite alargarla más allá de los seis meses que establece la ley. La fiscalía afirma que se encuentra aún en una fase inicial y que la decisión de archivar la causa o seguir adelante con el proceso aún tardará.

Citaciones

La exedil del Prex-Crex Mónica García, que fue concejala de Urbanismo gracias a la coalición entre los regionalistas y el PSOE en el mandato 2003-2007, dijo no haber tenido conocimiento de que se estaba desarrollando esta investigación hasta que hoy mismo le llegó la citación del juzgado para que acuda a declarar el próximo mes de mayo en calidad de investigada.

Por su parte, María Victoria Domínguez, actual diputada de Ciudadanos en la Asamblea, fue concejala de Urbanismo desde los comicios de 2007 hasta enero de 2011, como edil de Upex en su pacto de legislatura con el PSOE. Domínguez dice no haber recibido ninguna notificación del TSJEx, que sería el competente para citarla a declarar por su condición de aforada, y también que desconocía que estuvieran en marcha estas diligencias judiciales.

Francisco Barbancho únicamente ocupó el cargo unos meses desde enero de 2011 hasta las elecciones municipales de ese mismo año.

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