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Una sentencia obliga a pagar casi el doble de sueldo a una auxiliar de ayuda a domicilio

  • El Ayuntamiento recurre el fallo y cree que sólo es trasladable a otras 10 trabajadoras contratadas con fondos propios

El Juzgado de lo Social número 3 de Plasencia ha dado la razón a una auxiliar de ayuda a domicilio que reclamó al Ayuntamiento cobrar el sueldo estipulado en el convenio colectivo municipal para el personal del Grupo E. La juez condena al Consistorio a abonar a la auxiliar un total de 3.215,32 euros -más el 10% de intereses de demora-, que corresponden a la diferencia entre lo que percibió y lo que debería haber cobrado durante los seis meses que estuvo contratada.

La sentencia establece que el sueldo mensual de esta trabajadora tendría que haber sido 521,05 euros superior en 2015 y 526,27 en 2016. Teniendo en cuenta que los auxiliares del ayuda a domicilio únicamente cobran el salario mínimo, que es de unos 640 euros, el sueldo total debería haber sido casi el doble del que recibió, y así lo reconoce ahora el Juzgado de lo Social.

La trabajadora demandante fue una de las 11 auxiliares de ayuda a domicilio que contrató el Ayuntamiento con fondos propios en octubre de 2015 tras la desaparición del Plan de Parados de Larga Duración, uno de los programas de empleo temporal que subvenciona la Junta, con cargo a los cuales se viene contratando a todos los trabajadores de este servicio, siempre pagándoles el salario mínimo con el argumento de que la categoría no está recogida en la RPT municipal.

La sentencia detalla que esta trabajadora presentó el pasado 4 de marzo en el Ayuntamiento una reclamación administrativa por esas cantidades, pero ni siquiera recibió respuesta. Acudió a los tribunales y el pasado 28 de septiembre se celebró el juicio. En la vista, los abogados del Ayuntamiento argumentaron que el vínculo laboral de la trabajadora ya venía existiendo desde el 15 de abril de 2015, por lo que las condiciones debían ser las mismas. Además, justificaban que se le pagase el salario mínimo por no estar la categoría de auxiliar de ayuda a domicilio recogida en la RPT.

La juez tumba ambos argumentos, ya que si bien la primera contratación en abril de 2015 se produjo en el marco de la concesión de una subvención, la segunda no, de modo que «no puede acogerse a la pretendida existencia de una unidad del vínculo laboral». En cuanto al sueldo, la juez dice que «no cabe duda de que a la actora le es de aplicación el convenio, pues en el decreto de la alcaldía por el que se la contrata ni consta ni se especifica que la contratación se realizara al amparo del Decreto 150/2012 de 27 de julio». En ese decreto se fijan las bases reguladoras del Plan de Empleo de Experiencia, con el que se contrató a la mayoría de auxiliares de ayuda a domicilio. La juez recuerda además que estos planes otorgan subvenciones para el empleo, pero «sin determinar la cuantía del salario de las personas contratadas».

La duda que surge ahora es si esta sentencia habilita a todos los auxiliares de ayuda a domicilio para cobrar el sueldo fijado en el convenio colectivo para el Grupo E. Parece evidente que en el caso de los 11 trabajadores contratados con fondos propios y que estaban en la misma situación que la demandante así es. El Ayuntamiento considera no obstante que la sentencia no sería aplicable al resto, los contratados con cargo a los planes regionales de empleo, si bien eso es algo que la resolución judicial no termina de aclarar, y de hecho pueden encontrarse en ella algunos argumentos que también les favorecen.

En todo caso, el gobierno local anunció ayer que la sentencia, que tiene fecha de 31 de octubre, ha sido recurrida por su servicio jurídico ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura , y dijo que se pronunciará sobre el contenido «una vez que sea firme».