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Las objeciones del interventor, sin consecuencias

El proyecto 'Volver a ser' de Cáritas' es uno de los que más se benefician de las ayudas municipales. :: a. s.
El proyecto 'Volver a ser' de Cáritas' es uno de los que más se benefician de las ayudas municipales. :: a. s.
  • El gobierno local afirma que no hace caso a la opinión del técnico contra las subvenciones porque dar estas ayudas es «un compromiso político»

  • Hacienda sólo actuaría si el Ayuntamiento incumpliera los servicios básicos o el pago de las nóminas

Las objeciones que durante los últimos meses viene poniendo el servicio de Intervención municipal a las subvenciones que concede el Ayuntamiento a diversos colectivos no tendrán consecuencias en la práctica, siempre que el Consistorio cumpla con los servicios básicos que está obligado a prestar y siga pagando a tiempo las nóminas de sus trabajadores.

El interventor ha elegido utilizar en sus dictámenes sobre estos expedientes la figura de la 'observación', que según la ley es una simple opinión que el gobierno local puede tener o no en cuenta sin que eso tenga ningún efecto sobre el asunto a tratar. Caso distinto sería si hubiera puesto un 'reparo', que automáticamente paralizaría la tramitación del expediente, o un 'informe favorable condicionado', en cuyo caso no se podría seguir adelante hasta que el asunto de la objeción fuera solucionado.

Las observaciones del interventor de Plasencia, como se ha venido informando, se refieren a las subvenciones que el Ayuntamiento otorga a varios colectivos dedicados a fines sociales y deportivos, y también a los organizadores de eventos como el reciente Mayorga Rock. El argumento que utiliza el funcionario municipal es que la ciudad se encuentra sometida a un férreo plan de ajuste, impuesto por el Ministerio de Hacienda. El objetivo de ese plan es garantizar la devolución de los 24,1 millones de euros del préstamo ministerial para pagar las sentencias de las huertas de la Isla.

Ese plan de ajuste deja muy claro que, mientras no estén garantizados los servicios básicos del Ayuntamiento y el pago de las nóminas a los trabajadores municipales, así como otros gastos obligatorios como la devolución de créditos y el pago a proveedores, el gobierno local deberá abstenerse de dedicar dinero a otros fines. El interventor considera que algunas de esas partidas fundamentales no están suficientemente dotadas para terminar el año, y recuerda además que aún no se han pagado facturas extrajudiciales de 2015 por importe de 150.000 euros. Por lo tanto, recomienda que el dinero de las subvenciones, que son competencia directa del Ayuntamiento, se destine a eso.

¿Pero qué ocurre si, como está pasando, el gobierno local no le hace caso? En principio nada, siempre que se finalice el ejercicio con las obligaciones básicas cubiertas, algo que según asegura el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, «está garantizado». De no ser así , el Ministerio de Hacienda podría utilizar las observaciones del interventor para tomar medidas.

José Antonio Hernández reconoce que las subvenciones a colectivos sociales y deportivos no forman parte de las competencias obligatorias que tiene que asumir el Ayuntamiento, y afirma que si el gobierno local no las ha tocado, ni siquiera reduciendo su cuantía, es porque son «un compromiso político» adquirido por el PP.

Hay que recordar en ese sentido que cuando salieron las sentencias del Tribunal Supremo y se supo que Plasencia iba a tener que pagar por las huertas 40 millones de euros (intereses incluidos), más los 10 millones que ya lleva abonados, el alcalde, Fernando Pizarro, prometió que eso no iba a provocar ni una subida de impuestos ni una merma de los servicios municipales que reciben los ciudadanos. Hizo mención expresa a las subvencionen para los colectivos que realizan tareas sociales como Placeat, Cáritas, Cruz Roja o las distintas asociaciones de personas discapacitadas.

Por el momento no se han reducido los servicios básicos que prestan las empresas del agua, limpieza y jardines, aunque sí ha habido algunos aumentos de tributos, como la subida del 10% en el IBI vía incremento de los valores catastrales, o las tasas de las Escuelas Deportivas, que este curso se han mutiplicado por ocho. No obstante, hasta ahora el Ayuntamiento apenas ha tenido que provisionar pagos para las huertas. El verdadero problema llegará en 2018, que es el año fijado para empezar a devolver el préstamo de 24 millones a Hacienda y los aproximadamente 12 millones de intereses a los propietarios.