Viviendas sociales, una demanda que no cesa

Plasencia cuenta actualmente con 592 viviendas de este tipo, la gran mayoría de ellas situadas en el barrio y el polígono de La Data. No son muchas si se las compara con Mérida, que tiene 1.420, o con Badajoz, que dispone de 2.452, si bien la proporción por número de habitantes es similar a la de Cáceres, donde hay 1.031. Las últimas 12 que habían quedado libres, bien por abandono de los inquilinos o como consecuencia de procesos de desahucio, fueron entregadas a sus nuevos adjudicatarios el pasado 12 julio tras un largo y polémico proceso que se ha prolongado durante 10 años, y al que se presentaron en su día más de cien aspirantes.

Según informa la Consejería de Salud y Políticas Sociales, todas esas personas que se quedaron sin una de estas viviendas no tienen ahora más remedio que esperar a que se produzcan nuevas vacantes, si bien por el momento no está previsto abrir nuevas convocatorias, sino que los pisos que queden vacíos se irán entregando por orden a quienes se encuentran en la lista de espera resultante de este último proceso.

El piso que se quemó por completo hace nueve días será uno de los que volverán a adjudicarse al siguiente de la lista, ya que la familia que vivía en él lo estaba ocupando ilegalmente, y por lo tanto no tiene derecho a regresar a la vivienda. Antes de volver a entregarla, la Junta de Extremadura reparará los desperfectos causados por el fuego y la acondicionará para que pueda entrar a vivir en ella un nuevo adjudicatario.

Con respecto a la situación en la que queda la familia afectada por el incendio -una pareja joven con tres niños de dos meses y tres y cuatro años-, la Consejería apunta que sus técnicos se han reunido con ellos para conocer su situación. «Se han ido a vivir con un familiar que es adjudicatario legal de una vivienda en la misma calle», apunta.

La Junta señala además que esta familia tenía ya un expediente abierto por la ocupación ilegal de otra vivienda en Gabriel y Galán, y que además también tenía enganchado de forma ilegal el suministro eléctrico en el piso siniestrado, lo cual señala como posible causa del incendio, a la espera de que las autoridades determinen oficialmente el motivo.

Por otra parte, las seis viviendas para mujeres maltratadas que se construyeron junto al centro de menores de Valcorchero siguen vacías, y la Junta no ha informado por el momento de cuándo empezarán a ocuparse ni cuáles serán los criterios precisos de asignación que tendrán que cumplir las mujeres que opten a una de ellas.