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Las expropiaciones del puente de Trujillo trastornan las cuentas locales

Algunos de los inmuebles expropiados que el Ayuntamiento quiere derribar. :: andy solé
Algunos de los inmuebles expropiados que el Ayuntamiento quiere derribar. :: andy solé
  • Los 300.000 euros del fondo de contingencia se usarán para pagar las sentencias y además habrá que reservar otro medio millón en 2017

La aprobación en el último pleno municipal de una modificación presupuestaria para dedicar los 300.000 euros del fondo de contingencia a pagar las expropiaciones de los inmuebles adyacentes al puente de Trujillo generó una intensa polémica entre el gobierno local y la oposición, que acusó al PP de actuar sin la previsión adecuada frente a un asunto que ya se conocía desde hacía meses. El concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, negó la mayor y defendió el modo en el que se está gestionando el pago de estas expropiaciones, utilizando las herramientas y los recursos contables que permite la ley.

Sea como sea, el caso es que ya están sobre la mesa seis de las siete sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) obliga al Ayuntamiento a abonar el justiprecio a los propietarios de otros tantos inmuebles en esa zona. Es un caso similar al de las huertas de La Isla, aunque de una cuantía mucho menor, puesto que las siete sentencias suman algo más de 800.000 euros. Pagar ese dinero va a suponer un trastorno para las maltrechas cuentas municipales tanto este año, con los 300.000 euros ya comprometidos del fondo de contingencia, como el próximo, en el que habrá que hacer frente al otro medio millón, el cual estaba presupuestado para 2016 en una partida condicionada a la enajenación de un terreno municipal que, como era de prever, no se ha vendido.

Aunque las cantidades son distintas, el proceso que ha llevado a esta situación es similar al de las huertas, según se desprende del relato de los hechos realizado por José Antonio Hernández. El origen en este caso se encuentra en el plan de urbanismo aprobado en 1997, en el cual se decidió dedicar el suelo ocupado por estos inmuebles a un uso dotacional. Al igual que pasó con las huertas, el plan no contempló ninguna compensación para los propietarios, por lo que desde ese momento el suelo quedó abocado a un proceso de expropiación forzosa.

Tribunales

Transcurrieron 12 años hasta que, en 2009, los dueños de los inmuebles decidieron pedir dicha expropiación. El Ayuntamiento tenía un plazo de un año para pronunciarse, pero no lo hizo, y en 2012 los propietarios presentaron la hoja de aprecio ante el tribunal regional de valoraciones, lo cual marcó el inicio del recorrido judicial del caso.

El tribunal resolvió en 2014 y estableció una valoración de los inmuebles de 876.000 euros que no satisfizo ni a los dueños, que pedían 1,5 millones, ni al Ayuntamiento que sólo quería pagar 500.000. Ambas partes recurrieron ante el TSJEx, que a principios de este año empezó a emitir las sentencias con la valoración definitiva, algo más de 800.000 euros.

Ante la evidencia de que iba a tener que abonar esa cantidad, el Consistorio incluyó en los presupuestos de 2016 una partida de 500.000 euros condicionada a la venta de terrenos públicos, más los 300.000 euros del fondo de contingencia que obligó a dotar el Ministerio de Hacienda como parte del plan de ajuste vinculado al préstamo para pagar las huertas de La Isla. Ese fondo, según la normativa, sólo puede utilizarse para hacer frente a gastos no previstos, pero el Ayuntamiento ha usado la 'artimaña' de que las sentencias del puente de Trujillo, al no ser aún firmes cuando se aprobó el presupuesto, no se consideran un gasto previsto. El interventor municipal defendió en el pleno esta interpretación ante las dudas planteadas por la oposición.

El pago de estos 300.000 euros queda por lo tanto resuelto con el fondo de contingencia, a falta de que el Ministerio de Hacienda dé validez a la maniobra. Para los otros 500.000, ante la evidencia de que no se va a vender suelo público por esa cantidad, tendrá que resolverse en 2017. José Antonio Hernández confía en ganar el contencioso interpuesto contra Liberbank por la aplicación de cláusulas suelo en varios préstamos municipales y obtener así los recursos necesarios para pagar el resto. El plan B sería esperar a la liquidación del presupuesto para ver si hay superávit, y el C incluir una partida específica en las cuentas de 2017 con dinero que habría que detraer de otra parte.

Dos inmuebles más

Aún queda por resolver la expropiación de otros dos inmuebles junto al puente de Trujillo, si bien esos casos no están en los tribunales y el Ayuntamiento se encuentra negociando con los propietarios la permuta con terrenos municipales.

El plan del gobierno local para esa zona es dejarla diáfana con el objetivo de construir un nuevo aparcamiento público, y derribar los edificios para mejorar la vista de la muralla desde la entrada a la ciudad por el puente de Trujillo.